LO QUE PASA EN BOLIVIA PASA EN LA ARGENTINA

Silvia Maezo - Colectivo Entreletras

Lo que pasa en Bolivia pasa en Argentina. Este clima destituyente provocado por las oligarquías vernáculas en Pando o en nuestro campo con el salvaje lockout de las corporaciones agrarias argentinas, sucedió también en Paraguay con el complot contra Lugo apenas a tres semanas de su asunción, con el golpe que sufrió Hugo Chávez, con la incursión aérea sobre territorio ecuatoriano.
Somos los “sudakas” que vivimos en el “patio trasero” y no estamos haciendo los deberes suficientes que el imperio requiere de nosotros.
“Yanquis de mierda” vociferó Chavez y nos sentimos interpretados. Yanquis que pretenden que regresemos a la ortodoxia neoliberal de la década del 80. Y no pueden soportar a nuestros gobiernos “populistas” que quieren redistribuir la riqueza entre quienes más lo necesitan. Como se nos ocurre edificar hospitales, aumentar las jubilaciones. Como se nos ocurre despilfarrar los bienes del estado para calmar las necesidades de nuestros pueblos.
Sí, son yanquis de mierda que meten sus narices en nuestras patrias y lo hacen a traves de nuestras oligarquías, las mismas que nos nombran como “negros de mierda” o “bolitas” o “coyas sucios”.
Por otra parte, el avance de los procesos populares en América latina, derrotando al menos en parte al neoliberalismo, no podía menos que suscitar la contraofensiva de las respectivas derechas, que tratan de desestabilizar a dichos gobiernos. Las derechas siempre fueron golpistas. O golpearon a la puerta de los cuarteles o como ahora ensayan “golpes blandos” que hoy asesinan como en Pando o paralizan un país como nuestras corporaciones agrarias con su salvaje lockout. Efectivamente, los dirigentes de la derecha boliviana protestan contra el impuesto del 30 por ciento a los hidrocarburos, mientras las corporaciones agrarias de la pampa húmeda protestaban contra el impuesto a las exportaciones que significaba la Resolución 125. En ambos casos les duele el bolsillo. Ellos son blancos con dinero y nosotros negros con hambre.
Es necesario que nuestros paísitos le hagan sentir al imperio que ya no vivimos en la época en que podían voltear gobiernos con golpes de estado. Que tampoco podemos volver al neoliberalismo que convirtió a América en la zona más inequitativa del planeta. Todos somos Bolivia porque lo que allí ocurre le puede pasar a cualquier presidente latinoamericano. Evo acaba de ganar el referendum con el 68 por ciento de los votos y tiene el apoyo de su pueblo. Todos somos Bolivia cuando las bandas fascistas asesinan y desaparecen campesinos que defienden a Evo.
Pero también todos hemos despertado como en Bolivia y arrojamos piedras contra el invasor
Volvemos junto a ellos a recuperar las riquezas depredadas.
Se llevaron el oro de Potosí. Se llevaron el salitre y robaron el mar y el horizonte.
Se llevaron el estaño al precio de la vida en los socavones.

Y viene por más, vienen a completar la faena. Los gringos vienen para seguir dominando América Latina con sus armas y rubios para hacernos hincar. Pero allí están, son los quechuas y aymaras que llegan para construir el gran día en el que los caminos se entrecrucen, las partes se unan y los diversos se entretejan. Vuelven para construir el Jacha Uru, el gran día de todos.
Levantemos la mirada a la esperanza porque nuestro continente ha despertado. Y gritemos unidos a Chavez: Yanquis de Mierda, otra vez no pasaran. Nuestros presidentes reunidos han dicho que por esta vez no pasarán.

RESPONSABILIDAD SOCIAL - por Washington Uranga

Ningún actor social se puede sentir al margen de los desafíos que ello demanda.

En la sociedad actual la información es un insumo y, al mismo tiempo, un requisito de la democracia. En el entendido de que la información como un componente de una realidad mayor y más compleja denominada comunicación, que incluye también otros ámbitos de producción e intercambio simbólico en el espacio público. Si la información siempre fue un insumo fundamental para la vida en sociedad, el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación ha potenciado ese lugar. También los aprendizajes sociales, es decir, las capacidades que los diferentes actores adquirieron para usar las herramientas infocomunicacionales y para articular varias de ellas en estrategias destinadas a generar incidencia social.

Desde esta perspectiva no puede sino afirmarse que el periodismo, en general, y los periodistas, en particular, tienen una responsabilidad social ineludible. Un aspecto, éste de la responsabilidad social, que suele soslayarse de manera frecuente para reafirmar en cambio el carácter “independiente” de los trabajadores de la comunicación. La responsabilidad social de quienes ejercen la tarea de informar está vinculada con el deber de construir la pluralidad informativa –diversidad de fuentes, actores y perspectivas– y asegurar la expresión de todos los sectores en igualdad de condiciones.

Es difícil, sin embargo, entrar en consideraciones sobre el periodismo sin atender a una realidad en la que el ejercicio profesional está condicionado por la estructura de propiedad de los medios y por el hecho de que los grupos económicos que los controlan utilizan los medios para defender intereses que están mucho más allá de las fronteras del mundo de la comunicación. El sistema de medios y su estructura de propiedad forman parte de un entramado político-económico que es central en la forma de ejercicio del poder en la sociedad actual.

La responsabilidad social supone la construcción de información sobre bases éticas, veraces y confiables, no siempre compatibles con la declamada objetividad, más cercana ésta a una perspectiva liberal del ejercicio profesional y que, bajo la pretensión de la equidistancia, termina en la mayoría de los casos reforzando el discurso dominante. Una información ética, veraz y confiable no tiene por qué estar apartada de una posición de compromiso y responsabilidad social y política de los profesionales del periodismo.

Este ejercicio responsable del periodismo resulta también poco compatible con aquella concepción de la información basada en la idea del espectáculo o en el sensacionalismo que se apoya en la apelación constante a la seudo primicia, a la retórica del escándalo, las miserias, el horror y los crímenes como argumento de captación de audiencia y, para cerrar el círculo, a la asociación libre y perversa de la pobreza con la delincuencia y la violencia.

Aun reconociendo el valor que tiene por sí misma la noticia, para transformarse en verdadero insumo de construcción de ciudadanía, la información periodística tiene que salir del mero hecho del acontecimiento aislado para enmarcar cada episodio de la vida cotidiana de manera clara y elocuente en un proceso y en un contexto que, por una parte, le da verdadero sentido, y por otro, permite una comprensión más cabal del mismo. Porque los hechos denominados noticias son siempre episodios de la vida de una comunidad, que no pueden entenderse de manera fragmentada y aislada de la historia de quienes los producen.

De esta manera el periodismo con responsabilidad social es también una forma de representación democrática en el marco de la ciudadanía.

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Medios y conflictos escolares - Por Omar Tobío *

O. Tobío analiza el conflicto permanente que la actualidad massmediática genera en los procesos educativos.

El ministro Juan Carlos Tedesco afirmó en una entrevista (PáginaI12, 28/07/08) que los medios le están haciendo el juego a la indisciplina que los chicos plantean con la difusión de sus filmaciones colgadas en Internet. Lo dicho es cierto, aunque es importante destacar que los hechos difundidos son situaciones de excepción, de conflictos de “alta intensidad” frente a un permanente conflicto de “baja intensidad” presente en gran parte del sistema educativo. En efecto, los profesores de distintas escuelas señalan en sus relatos que a los alumnos “no les interesa nada”, pero que la situación, aunque fastidiosa, es manejable. Pero esto no es lo novedoso: siempre hubo materias (a veces todas) que resultaban insoportables para los alumnos. Hasta hace tres décadas a un profesor le bastaba con saber la propia disciplina y algunos rudimentos de pedagogía y didáctica para sentirse útil en el marco de la ficción compartida que aseguraba que en la escuela se aprendía. Esa ficción requería y se apoyaba en un potente sistema coercitivo para los alumnos, siendo en realidad ahora lo novedoso la caída de ese dispositivo y no que a los chicos “no les interese nada”. Esta caída, a su vez, arrastró consigo a la palabra autorizada de los saberes disciplinares instituidos, quedándose los docentes sin ese respaldo. Ante la crisis de la educación enciclopédica hubo que salir a emparchar la situación enseñando procesos históricos o dinámicas sociogeográficas, con la nueva dificultad que impone la actualidad massmediática: en el mejor de los casos los documentales por cable pueden competir con el discurso docente y en el peor será el movilero de los canales de televisión quien cree que explica complejos procesos sociales (como las rutas que se cortan, el problema de los pueblos originarios tras la tala en la selva o los pasajeros enfurecidos por un paro de transporte) diciendo cualquier disparate “desde el lugar de los hechos”. Así, el saber docente se torna banal para los alumnos y ya ni siquiera merecedor de respeto. El profesor, destituido, canaliza como puede el conflicto de baja intensidad emergente: pocos escuchan, otros hablan, se paran, salen, entran, tiran papeles, se graban... Hasta que, a veces, se produce un desborde: la imagen difundida por la televisión de la emergencia de un pico de “alta intensidad” en el conflicto escolar con una profesora intentando seguir dando clase fingiendo ignorar a un alumno que le faltaba el respeto lo expresa cabalmente.

Se impone, entonces, una pregunta: ¿cómo hacer para promover un cambio de la posición docente a fin de bosquejar la elaboración de un nuevo dispositivo pedagógico democrático en este contexto, independientemente de esperar algún tipo de consideración ética por parte de los canales de televisión frente a la difusión de la “alta intensidad”? Además de agregar formación en valores, adicciones o convivencia, convendría preguntarse cuáles son las posibilidades reales que tuvieron y tienen los profesores para pensar el sentido de su accionar porque ahora, además también se hace evidente la necesidad de constituirse en un sujeto político comprometido para formar a otros sujetos políticos por medio de la propia disciplina, ya sea esta Geografía, Historia o cualquier otra, lo que implica recuperar la propia palabra. Esto también significa poder decir algo frente al festín con el que se han regodeado algunos animadores de noticieros televisivos entrevistando a la profesora de la escuela de Temperley a la cual sus alumnos intentaron quemarle el pelo y le colocaron un preservativo en la cabeza, quien, frente a las cámaras, apenas pudo balbucear alguna explicación confusa y contradictoria sobre lo sucedido, lo cual no pudo ser contrastado con otro discurso docente potente que produjese otros efectos de sentido frente a lo acontecido.

No obstante, lejos de las cámaras y los micrófonos, hay indicios concretos, claras señales, de intentos de colectivos docentes de tomar la palabra. No como retórica vacía sino como posibilidad de explorar y construir un pensamiento elaborado desde cada experiencia puntual puesta en diálogo y articulación con la de otros compañeros docentes, en una tarea de búsqueda de equivalencias entre las experiencias para –desde allí– llenar las palabras vaciadas en esta destituyente conflictiva escolar. Este trabajo continúa sin perder de vista que acaso, alguna vez, llegue un acompañamiento desde las más altas esferas gubernamentales para contribuir a que este frágil florecimiento pueda aportar materiales simbólicos para la construcción de una política de Estado tanto en lo relativo a la formación inicial docente como para facilitar el tender una mano a quienes ya están constreñidos por las redes destituyentes de los conflictos de baja intensidad escolar.

* Docente-investigador. Director de la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales, Escuela de Humanidades, UNSAM.

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Más comunicación, mejor información - Por Luciano Pedro Sanguinetti *

Una ley que regule los servicios de comunicación no es sólo un marco normativo para una actividad de servicio público. Implica también definiciones sobre qué tipo de democracia y de construcción de ciudadanía se quiere hacer como país.

Con cierta ingenuidad uno podría preguntarse por qué, después de 25 años de democracia, la ley que rige el funcionamiento de los medios de comunicación e información sigue siendo la de la dictadura. El interrogante inquieta si además aclaramos que, en el marco del desarrollo contemporáneo de las sociedades modernas, los medios de información y comunicación son esenciales para la existencia misma de nuestras sociedades complejas. Cuando Aristóteles fundó teóricamente la polis, advirtió que ésta debía respetar un número determinado de habitantes que hiciera posible la comunicación entre sus miembros. En la actualidad, la función de vínculo social, como la definió Dominique Wolton, la cumplen los medios. El comunicólogo francés pensaba todavía en aquella vieja televisión generalista, lo que Alejandro Piscitelli llamó la televisión paleolítica. Hoy, cuando la expansión de las últimas tecnologías nos habla de más de 10 millones de abonados a Internet, del aumento de los usos en cibers, de movilizaciones que se organizan en cuestión de minutos a través de mensajes de texto y mails, del triple play y la convergencia en el futuro casi inmediato de la televisión digital, la pregunta que nos hacíamos al principio no es ya ingenua sino incómoda, al menos, para los medios y periodistas con un mínimo de honestidad intelectual.

Que las grandes instituciones mediáticas no hayan empujado, como lo han hecho en otros casos, la reforma de la norma dictatorial, no deberíamos atribuírselo a una conspiración contra la sociedad, sino más bien a la tendencia tradicionalmente conservadora de todas las instituciones. Evidentemente, a la que le toca entonces impulsar este cambio es a la propia sociedad que da vida a los medios. Desarrollar mejores y más medios conduce necesariamente a tener mejores y más televidentes, lectores, oyentes o internautas. Está probado que los medios no son omnipotentes. También está probado científicamente que el sentido de los mensajes no es neutro. Basta recordar a los medios y periodistas que llamaron “campesinos” a los propietarios de tierras de más de 200 hectáreas en la Pampa Húmeda o “paro” del campo a lo que fue en realidad el acaparamiento de mercaderías y el corte de la circulación de bienes y personas en la búsqueda de un mejor precio de sus productos en el mercado. Pero se equivoca quien piense que una nueva ley de radiodifusión está destinada a controlar estos desaciertos. Para eso, en todo caso está la propia elección de las audiencias. Pero también hace algunos años las investigaciones cualitativas de la comunicación probaron que el consumo cultural es una práctica que se aprende. Es decir, que el mismo consumo de los bienes simbólicos nos constituye a su vez como consumidores. ¿Cómo salir de este aparente reproductivismo simbólico en el que se ven reflejados los clásicos aforismos: “tenemos la televisión que nos merecemos” o “yo programo lo que me piden”? Por el momento, no hay otra forma que enseñar a leer, mirar o escuchar medios y tener cada vez más opciones para poder elegir.

Me gustaría dar un ejemplo práctico. Días atrás una de mis hijas miraba por Canal 7 la señal Encuentro que transmitía, a las siete de la tarde, un documental biográfico sobre el científico británico Michael Faraday, mientras rasgaba la guitarra en un sillón y estudiaba lo que supongo que eran unas notas en un pentagrama. Lo interesante fue comprobar que a esa misma hora Telefé ofrecía Telefé noticias, Canal 13 Duro de Domar, el 2, América Noticias y Canal 9 Telenueve, más lo que seguramente eran las infinitas opciones de la televisión por cable para quienes lo tienen. No sé cuánto tiempo sostuvo la atención sobre la biografía de Faraday o si se la pasó haciendo zapping. Lo que me interesó fue comprobar que, con las opciones, mi hija se educaba como televidente a partir de poder comparar y juzgar lo que quería ver. Sin alternativas condenamos a las generaciones futuras al pensamiento único.

Es para esto que necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para que el Estado garantice más comunicación y mejor información, que promueva una pluralidad de voces e intereses, que respete la libertad de expresión de todos. Una ley que incorpore instituciones como el defensor del lector o los observatorios de medios para darles a los consumidores instancias que protejan sus derechos, que impulse un verdadero federalismo cultural en la circulación de los bienes simbólicos, que acentúe la educación de lectores, oyentes, televidentes e internautas desde la primera infancia, que articule las instancias que promueven las últimas tecnologías a los usos democratizadores de la sociedad civil, que defienda la diversidad cultural, la innovación y nuestras industrias culturales, que desarrolle un sistema federal de medios públicos no gubernamentales. En fin, se trata de la construcción de una ciudadanía más completa. Que la sociedad que formamos, en el doble sentido, que nos forma y que colaboramos en formar, nos brinde y desarrolle nuestras capacidades de elegir y construir nuestro propio mensaje en la interacción con los mensajes de los otros.

* Docente e investigador, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP.

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Los medios y los jóvenes - Por Florencia Saintout *

La televisión entró en la agenda del Mercosur. El tema estuvo por lo menos presente en el reciente encuentro entre Cristina Fernández e Inácio Lula da Silva, y Argentina podría inclinarse por la norma japonesa para la televisión digital. Pero además de normas, la televisión es contenidos. ¿Qué dicen los medios de comunicación de los jóvenes?

¿Qué dicen los medios de comunicación de los jóvenes? Dicen muchas cosas, pero fundamentalmente que son sujetos del deterioro, que están ellos mismos “deteriorados”. Que no valoran la vida: ni la propia ni la ajena. Los asocian a la muerte.

Cotidianamente asistimos al bombardeo de noticias que nos hablan de prácticas llevadas adelante por jóvenes que ponen sus vidas en riesgo. Las noticias nos muestran unos jóvenes que parecieran por momentos optar irracionalmente por la muerte. Ir hacia ella sin fin, sin sentido, o de manera suicida. O son locos o son suicidas.

Los jóvenes aparecen en las noticias como protagonistas del malestar, construidos a través de un discurso descontextualizado y simplificador que los asocia con la muerte. Desde varios relatos: como delincuentes, como peligrosos que necesitan ser castigados o excluidos del espacio común por no valorar la vida, ni propia ni ajena. Como sujetos perdidos que entonces son capaces de salir a matar y morir; que se suben a una moto, apagan las luces, y se entregan a la velocidad infinita. Como enfermos que consumen todo tipo de droga, aun las más pesadas, hasta entrar en coma. Carentes de todo que se involucran en las conductas más riesgosas sin límite alguno, ni siquiera el de la propia muerte.

Ante esto, podríamos decir que efectivamente sí hay datos (de organizaciones de gobierno, de sociedades civiles, de universidades) que hablan de la cercanía de los jóvenes, sobre todo de ciertos jóvenes, los más vulnerables, con la muerte. Sin embargo, es imprescindible decir también que lo que no es cierto es lo que parecieran demostrar de manera tan contundente los medios: que éstos son datos sin historia.

Hay que afirmar que no es cierto que hoy los jóvenes estén al frente de la muerte y el riesgo porque son irracionales o simplemente porque sí. Las prácticas tan recurrentemente descriptas por los medios (donde la vida está y se la pone en riesgo) lejos de ser irracionales o sin sentido pueden ser comprendidas en el marco de unos jóvenes socializados en un tiempo de incertidumbre mundial y de vulnerabilidad regional.

Los jóvenes hoy tienen una clara conciencia de la vulnerabilidad de la vida. De una vida en donde no hay derechos ni garantías, donde no hay instituciones que los protejan, y que aparece construida como una selva donde no entran todos. Hay que decirlo lo más claro posible: los límites entre la vida y la muerte son vistos por los jóvenes, y especialmente por los jóvenes de sectores subalternos, como límites precarios porque viven en un mundo que se ha precarizado como nunca. Y esto no es porque sí, no es porque simplemente sucedió como parecen decirlos ciertos opinólogos y periodistas.

Pero además, y claramente ligada a la conciencia de la vulnerabilidad de la vida (que da como resultado un número altísimo de muertes violentas), la precariedad no pude ser pensada por fuera de las heridas producidas por la dictadura y por treinta años de políticas neoliberales en la Argentina y en la región de las que los jóvenes hoy portan marcas aún sin poder decirlo.

Sabemos que la muerte además de ser un dato biológico ineludible es un acontecimiento históricamente construido y culturalmente compartido: no morimos igual.

Norbert Elias (1987), en su “Sociedad de los moribundos”, trabaja la idea de que en las sociedades modernas, de la mano de la extensión de la vida por los procesos de desarrollo científico y las prácticas de la higiene y del cuidado, la muerte puede ser aquello que se sabe pero que es posible al mismo tiempo de ser “olvidada”, puesta entre paréntesis. Pero además, dirá Elias, de acuerdo con los procesos de pacificación social, la muerte podrá ser construida como un acontecimiento natural, de la vejez, en una cama.

Para nuestros jóvenes la muerte no es más eso que se espera al final, cuando duelan los huesos de viejo y haya cansancio de la vida. La muerte es, en cambio, lo que ya no es sagrado, que puede estar a la vuelta de cualquier esquina.

Los jóvenes no quieren morirse. Ningún joven dice que quiere morirse.

Pero aunque nadie quiere morir, la muerte está y los jóvenes están nuevamente en el frente. Y no porque sí, como dicen los medios, sino porque algunas de las heridas que se abrieron en la historia todavía no se han saldado. Porque sí hay consecuencias de lo ocurrido y no existe el planeta joven suspendido en el espacio.

* Directora del Proyecto de Investigación: “Comunicación y Juventud: representaciones de la muerte”. FPyCS, UNLP.

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La televisión en la agenda política - Por Martín Becerra *

La televisión entró en la agenda del Mercosur. El tema estuvo por lo menos presente en el reciente encuentro entre Cristina Fernández e Inácio Lula da Silva, y Argentina podría inclinarse por la norma japonesa para la televisión digital. Pero además de normas, la televisión es contenidos. ¿Qué dicen los medios de comunicación de los jóvenes?

Desde hace décadas se estudian los mecanismos de puesta en la agenda política de distintos temas a causa de su previa tematización por parte de la televisión, que los descubre y encumbra como cuestiones merecedoras de la atención social. Sólo excepcionalmente es la propia televisión la que protagoniza, como tema, esa agenda política.

La excepción está ocurriendo: el anuncio de un protocolo por el que la Argentina podría terminar adoptando la norma japonesa (ISDB-T) para la televisión digital, en el marco de los acuerdos entre Brasil y la Argentina firmados el lunes último por los presidentes Cristina Fernández y Lula da Silva, instala a la más masiva de las industrias culturales en el primer plano de las políticas industriales de las principales economías de Sudamérica.

De este modo, y por vía del vínculo con Brasil, la Argentina podría resolver el enigma de la elección de la norma digital por la “tercera vía japonesa”, ante la disyuntiva que tenía como principales contendientes a la estadounidense (ATSC, preferida por operadores televisivos en abierto y en cable, como el Grupo Clarín) y la europea (DVB, defendida por Telefónica/Telecom). Brasil ya había elegido en 2006 la norma japonesa porque le permitió intervenir en el estándar (además de otorgarle ventajas en la producción de receptores y codificadores) en un gesto de soberanía tecnológica que pasó desapercibido en otros países de la región. México fue fiel al Nafta y adoptó la norma estadounidense; más recientemente Uruguay y Colombia incorporaron la europea.

La posibilidad de complementar los estándares de funcionamiento de las industrias culturales con Brasil constituye la principal fortaleza del protocolo acordado en el viaje de Cristina Fernández. Si el acuerdo avanzara –como se amaga– en la potestad de ambos países (y no sólo de Brasil) para intervenir en la fabricación de aparatos y tecnologías; si como fruto del acuerdo se facilitara la digitalización del sistema estatal de televisión (Canal 7 y repetidoras, y señal Encuentro), y si se pudiera aprovechar la ventaja de la norma nipona para explorar la extensión del sistema inalámbrico de conexión a redes en el territorio argentino, entonces la puesta en agenda sería robustecida.

Estos avances, empero, se sitúan en el interés industrial de la decisión. Siendo significativo, no deja de ser un nivel técnico. La importancia de la televisión digital supera con creces ese plano: la cuestión de fondo es quién y cómo, con qué criterios, asigna las señales digitales en un país en el que sus ciudadanos consumen un promedio de cuatro horas diarias de televisión, casi la misma cantidad que las exigidas como carga mínima por el nivel inicial de educación.

La televisión digital permitirá crear entre cuatro y seis nuevas señales donde hoy emite un canal en analógico. ¿Nuevas señales implicarán también nuevas licencias y, por consiguiente, nuevos licenciatarios? ¿Serán las nuevas señales digitales de acceso gratuito para la población, o serán aranceladas? ¿Qué organismo tendrá a su cargo el llamado a concurso para asignar esas señales? ¿Por qué lapso y con qué compromisos por parte de los operadores se darán las licencias? ¿Qué requisitos tendrán que cumplir los interesados en operarlas? ¿Se privilegiará la diversidad de contenidos a través del estímulo de operadores no comerciales, de cooperativas, de emisores de la propia sociedad civil? ¿Se aprovechará el potencial digital para federalizar la programación televisiva, hoy dominada por el área metropolitana de Buenos Aires?

Estos interrogantes exceden el contorno del acuerdo bilateral suscripto entre Lula y Cristina. En su mayoría, no podrán responderse si el Congreso evita modificar la normativa vigente para radio y televisión, dispuesta por Jorge Videla en 1980 (decreto ley de radiodifusión 22.285), que constituye un lastre para la calidad democrática y para la articulación del espacio público. El Poder Ejecutivo se comprometió en mayo, tras reunirse con casi todos los actores de la comunicación del país, a enviar al Parlamento un proyecto de ley y la Cámara de Diputados declaró recientemente de interés público los “21 puntos” de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

La televisión digital podría reponer la importancia de las dos primeras funciones de la tríada prometida por la industria audiovisual, “educar, informar, entretener”, que fueron desplazadas por imperio de la tercera. Además, la posibilidad de multiplicación de señales de acceso gratuito equivaldría, en un panorama de hiperconcentración mediática como el de Argentina, a que ingresen otras voces al ruedo de la comunicación masiva. La incorporación en la agenda de la televisión digital sería incongruente si no se enmarca en una nueva ley de servicios de radio y TV.

* Doctor en Comunicación, Universidad Nacional de Quilmes, Conicet.

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Los blogs políticos - Por Pablo Castillo *

Hace doce años los blogs no existían. Hoy son ya 70 millones en el planeta. Frente a la pérdida de centralidad de la política y de las formas de participación social, ¿son los blogs una nueva respuesta que expresa una transformación en los modos simbólicos de producción de conflictos?

A diferencia de los fotologs que se volvieron masivos en el mundo adolescente, los blogs –y especialmente los blogs políticos– habitan el ciberespacio todavía de una manera embrionaria.

Mendieta, Ramble Tamble, La Barbarie o el recién llegado Bando-neón, son nombres que para la mayoría de los mortales no dicen mucho. Sin embargo, hay un público todavía pequeño que los ha incorporado como parte de su rutina diaria de lectura.

En principio, el blog tiene alguna ventaja comparativa con los medios gráficos, ya que brinda la posibilidad de hacer comentarios a las notas que aparecen en él, casi en tiempo real e, inclusive, rebatirlas y propiciar debates. En ese sentido, se asemejan más a la relación que establecen algunos oyentes con sus llamadas a ciertos programas de radio, aunque tal vez sin la calidez ni la empatía que producen esos encuentros, aun mediados por la conexión telefónica.

Pero ¿quiénes son, en definitiva, estos personajes que destinan una porción importante de su tiempo a escribir notas sobre la actualidad, subir un video o traducir un artículo del Financial Times? ¿A quiénes se dirigen? ¿Son solamente presunciones narcisistas? ¿Prácticas discursivas de un sector de la clase media intelectual –en general urbana– que navega sin referencias político-partidarias visibles? ¿O bien son aquellos que buscan en los blogs un lugar de anclaje, de construcción de vínculos y de nuevas comunidades asociadas?

Es difícil contestar taxativamente estas preguntas. Sobre todo porque esta supuesta pérdida de la centralidad de la política y de las formas en que se configura la participación social –fundamentalmente en las grandes ciudades–, también puede ser leída desde lo comunicacional como una transformación en los modos simbólicos de producción de conflictos.

Sandro Macassi señala que “los cambios y los procesos mundiales en la economía y en el campo de las comunicaciones, especialmente en su base tecnológica y cultural, plantean nuevos escenarios en la forma en que el ciudadano establece sus relaciones comunicativas con la dimensión política”.

Las nuevas tecnologías, si bien se montan en un sistema de acceso desigual a la información, irrumpen en la dimensión doméstica borrando las ya pocas barreras que quedaban entre lo público y lo privado.

Los blogs tienen además a su favor que son muy fáciles de hacer, accesibles tecnológicamente a partir del crecimiento de la banda ancha y, sobre todo, son gratis. Si los blogs políticos que surfean por la blogósfera constituyen una moda pasajera o no, dependerá de muchos factores, tanto internos como externos. Tal vez terminen configurándose como una variable que podrá incidir en segmentos específicos.

Además, para existir, los blogs tienen que dar cuenta de reglas explícitas o implícitas, como actualizar asiduamente sus contenidos, o alimentar el intercambio de voces, contestando los comentarios que hacen a las notas que publican.

Es cierto que, además de ser muchas veces la contracara de lo que dicen los diarios a la mañana, el formato blog brinda una serie de posibilidades que no siempre se utilizan. Es escasa la producción de información o entrevistas propias. Sin embargo, el carácter artesanal con el que funcionan es un impedimento objetivo para llevar adelante estas cuestiones.

Igualmente, para aquellos que son más precavidos acerca de las potencialidades futuras de los blogs, o guardan legítimas sospechas sobre sus construcciones dialécticas, una mirada sobre cómo asimilaron estos modernos cuadernos de bitácora la crisis que provocó el lockout sojero puede ser una buena excusa para analizar estos asuntos, aun más allá de cómo se terminó configurando la dimensión estrictamente política de ese acontecimiento.

Lo que se pudo observar es que, desde sus incipientes identidades, muchos de los que hacían estos blogs terminaron saliendo a la calle. Su presencia los inscribió como parte de repertorios más amplios y heterogéneos que excedían largamente su público más específico.

Por lo tanto, es un interrogante abierto en qué medida esos intercambios, apropiaciones y puntos de ruptura incidirán en una reformulación de sus esquemas de lectura de los procesos colectivos que dotan de sentido a las prácticas sociales y comunicacionales.

Julio Cortázar, en Libro de Manuel, decía que “un puente es un hombre cruzando un puente. Si no, no hay puente”. ¿Dónde deberán buscar, entonces, los blogs políticos vientos propicios para su navegación? Seguramente, cerca de los puentes.

* Licenciado en psicología. Magíster en comunicación.

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Blog, bloggers y blogósfera - Por Carlos Eduardo Cortés S. *

Hace doce años los blogs no existían. Hoy son ya 70 millones en el planeta. Frente a la pérdida de centralidad de la política y de las formas de participación social, ¿son los blogs una nueva respuesta que expresa una transformación en los modos simbólicos de producción de conflictos?

El domingo 31 de agosto pasado se llevó a cabo el I Encuentro virtual de bloggers por el Día Internacional del Blog. Este término, originado en la suma de dos palabras inglesas: Web + log = weblog, nació hace una década para describir un nuevo formato audiovisual basado en la idea de una bitácora o cronología (log), puesta públicamente en Internet.

En julio de 2008, blogherald.com contabilizó 70 millones de blogs en el planeta, escritos por igual número de bloggers o blogueros. En inglés ya existe el verbo To Blog, y la actividad relacionada se denomina blogging. Su presencia global también ha dado lugar al concepto de blogósfera, que acompaña a otros neologismos como videósfera, ciberespacio y cibercultura.

El proyecto diadelblog.com es una iniciativa sin fines de lucro, construido en forma colaborativa y solidaria por entusiastas del tema en Argentina, España y Ecuador, para “generar un espacio de encuentro virtual para bloggers en ocasión del Día Internacional del Blog, donde se discutan, expongan, compartan –interactivamente– temas en torno de la blogósfera, y aportar de esta manera en algo, a su desarrollo integral y evolución”.

“Blogging es fundamentalmente una forma de publicación por vanidad: Puede que uno logre disfrazarlo con términos elegantes, por ejemplo, llamarlo ‘cambio de paradigma’ o ‘tecnología problematizadora’, sin embargo la verdad es que los blogs consisten en basura adolescente sin sentido. Adoptar el estilo de vida blogger es el equivalente literario de colocarle adornos brillantes al manillar de la bicicleta.

[...] En el mundo del blogging ‘0 Comentarios’ es una inequívoca estadística cuyo significado es que absolutamente a nadie le importa. La terrible verdad acerca de los blogs es que hay mucha más gente escribiéndolos que leyéndolos.”

Estas provocadoras frases fueron escritas por un veterano bloggero en mayo de 2005 (Stodge.org - The personal memoirs of Randi Mooney). Y sirvieron de abrebocas para uno de los foros que se desarrollaron a lo largo de ese día.

¿Estamos contribuyendo a crear una cultura fragmentada, aislacionista e individualista, de cero comentarios? ¿Estamos sobreestimando aspectos positivos de la cibercultura, como la participación, la colectividad, las comunidades virtuales y el valor de la presencia de aficionados (no profesionales) en los nuevos medios?

El hecho es que el mundo cambia cada día alrededor de estas nuevas realidades, y querámoslo o no, afecta la vida de todas las personas, para bien o para mal. Veamos algunos datos ilustrativos:

- Uno de cada 10 cibernautas tiene el español como lengua principal.

- En 2008, los usuarios globales de Internet ya superaron los 1500 millones de cibernautas.

- Entre 2006 y 2007, el número de usuarios de Internet en Latinoamérica aumentó 200 por ciento, para llegar a 137 millones.

- A diario, mil millones de búsquedas se producen tan solo en Google.

- En todo el planeta, cada día se envían 80 mil millones de mensajes de texto y correo electrónico, y 250 millones de usuarios acceden a los servicios de YouTube.

- Cada minuto, millones de usuarios de las nuevas redes sociales cargan 10 horas de nuevos videos, y reproducen 500 millones de clips, tan solo en YouTube.

- Hoy, 3300 millones de personas –más de la mitad de la población mundial–, cuentan con telefonía móvil, y el crecimiento anual planetario ya llega a 22 por ciento, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

- En Latinoamérica, se calcula que el 70 por ciento de la población tiene teléfono celular.

Es tal el impacto de los llamados nuevos medios, que los blogs, que no existían hace doce años, se convirtieron en uno de los ejes de información durante la reciente Convención Nacional Demócrata de Estados Unidos, en Denver, Colorado.

En el evento se acreditaron 125 blogs, cuatro veces más que en 2004, y esta vez contaron con su propio espacio en el centro de convenciones. Aunque, a unos cientos de metros, en una gran carpa de dos pisos (bigtentdenver.org), se produjo la mayor evidencia de cambios drásticos en el mundo de la información noticiosa.

La llamada “Big Tent” nació como un espacio comercial para albergar a periodistas de los nuevos medios, reporteros y blogueros, y a miembros de organizaciones sin ánimo de lucro, para cubrir el evento político con acceso a un espacio de trabajo (mesa o sofá), Internet inalámbrica, dos comidas al día, cerveza local gratis e ilimitada, y derecho a usar el espacio de Google para subir videos en la red social YouTube.

De hecho, para cubrir la Convención Nacional Republicana en Minnesota, 200 blogueros se habían registrado a fines de agosto, según informó la agencia AP. Y los émulos no faltarán en Latinoamérica...

* Gerente de Radio Nederland Training Centre – América Latina.

Desde San José de Costa Rica.

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Legalidad, resistencia y ética - Por George Yúdice *

Para debatir sobre los temas de comunicación no es suficiente con la voluntad de hacerlo. Es necesario también desarrollar estrategias de información para que la ciudadanía cuente con los insumos necesarios para darle fundamento al diálogo colectivo. También para poder analizar cuáles son los aspectos vinculados con el derecho y con la participación ciudadana. Un aspecto específico es el relacionado con el mercado y el consumo de la música, que aquí comienza a plantearse.

A pesar de los vaticinios de la muerte de la industria de la música, en los cuales yo mismo he incurrido en varias publicaciones, sería más exacto caracterizar el estado actual del fenómeno musical como una encrucijada, un período de incertidumbre en el que los contornos del futuro sistema de circulación musical todavía no se vislumbran. Los ingresos de la industria de la música vienen cayendo, a la vez que aquellos que la escuchan (melómanos, usuarios, consumidores o como se quiera llamarles) adquieren fonogramas por intercambio de archivos en Internet o en los puestos de top manta. La industria responde con represalias legales, pero aun así no logra frenar toda la actividad que tiene lugar fuera de su control. Por otra parte, los músicos mismos vienen escapándose de las estructuras ya evidentemente caducas de la industria fonográfica. McCartney, Prince, Radiohead, Nine Inch Nails, Madonna, Bowie y un sinnúmero de músicos menos conocidos internacionalmente han buscado nuevos modelos de mercado y de circulación musical. Asimismo, han surgido miles de sitios donde se pueden conseguir fonogramas o intervenir en la creación de música en remixes y mashups, aproximando el usuario al músico, efecto que muchos celebran por su empoderamiento democratizante y otros descalifican como empobrecimiento artístico.

Aunque podría pensarse que las eventualidades empoderadora o empobrecedora son igualmente probables en este momento de flujo –o de liquidez al decir de Bauman–, la verdad es que no se dan en igualdad de condiciones. Si bien las diversas nuevas tecnologías de intercambio de archivos desafían a la industria en varios aspectos, ésta continúa teniendo el respaldo de la ley y de las fuerzas policiales. Podría decirse que se están perfilando nuevas políticas en torno de la ética del intercambio de archivos. Hace décadas nadie habría sido procesado por intercambiar LPs con sus amigos e inclusive con desconocidos en clubes y lugares de encuentro, como se hace en la economía del trueque. Hoy, más allá de la criminalización de canjeadores que lleva a cabo la industria fonográfica, una miríada de organizaciones y de individuos está buscando el término medio entre el derecho de los creadores a recibir una compensación por su trabajo y el derecho de la sociedad a bienes comunes o al patrimonio de la humanidad. Las primeras concesiones de derecho de autor y de copyright limitaron el monopolio de reproducción a 28 años, después de los cuales la obra entraba al dominio público. Además, se protegió a los consumidores prohibiendo que los editores controlaran el uso de obras después de su publicación. En los EE.UU. se limitó el copyright a 14 años, renovable por otros 14, período que se duplicó en 1909. Pero desde 1962 viene aumentando hasta alcanzar 95 años en 1998. Como explica Lessig en su libro Cultural libre (2005), no hay justificación constitucional para esa extensión, la cual refleja la tentativa de las empresas de establecer un monopolio sobre las obras que deberían entrar en el dominio público, aumentando así las ganancias.

La gran novedad en la actualidad es la creciente politización de ciudadanos de todos los países que se oponen a este empequeñecimiento del dominio público y más aún al resultado de las estrategias de blockbuster y marketing empleadas por los grandes sellos para reducir el riesgo de fracaso en el mercado. Ese resultado es la casi eliminación en la radio y la televisión de las obras producidas por pequeñas y medianas empresas y, por tanto, la mayor dificultad de sostener la diversidad musical en el mercado. Es justo por esta razón (apoyar el acceso a la diversidad de obras, sobre todo de regiones que no pueden competir en el mercado internacional) y por el deseo de los artistas, aun los más reconocidos, de ganar mayor control de la circulación de música y de las ganancias, que la industria fonográfica tendrá que cambiar, si quiere sobrevivir.

Podría decirse que las políticas de negocio de los grandes sellos han generado un gran movimiento social en torno de la propiedad intelectual, tema que hace un par de décadas no provocaba el interés de nadie. Pero más allá de los partidos y los movimientos sociales más o menos organizados, hay una marea de resistencia a obedecer las leyes que las mayorías creen injustas. En EE.UU., donde se supone hay el mayor seguimiento a las leyes, la mayoría de los estudiantes en todos los niveles consigue su música mediante el intercambio de archivos en Internet. Y ni hablar de los jóvenes en países en desarrollo.

Más que el precio, lo que se busca es ampliar la oferta, por una parte, y asegurar que el intercambio de música siga siendo uno de los fundamentos de la socialización o social networking. Para verificar la enorme diversidad de música, vinculada con la identidad de los internautas, basta entrar en los sitios de socialización como My Space o ver los videos que se suben a YouTube. Algunos críticos descartan este vínculo entre identidad individual o grupal y repertorios de música reduciéndolo a un mero consumo acrítico. Pero en los sitios de socialización hay debates en torno de la música desde una miríada de criterios, desde los tecnológicos a los estéticos. Lo que constatamos, pues, es una nueva alfabetización musical que enriquecerá la actividad creativa de los usuarios. Esta no es una revolución política ni una liberación social, pero sí es un reclamo al derecho a la creatividad.

* Profesor de la Universidad de Miami (la nota fue publicada originalmente en La Vanguardia, Barcelona).

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Participación y comunicación - Por Washington Uranga

Para debatir sobre los temas de comunicación no es suficiente con la voluntad de hacerlo. Es necesario también desarrollar estrategias de información para que la ciudadanía cuente con los insumos necesarios para darle fundamento al diálogo colectivo. También para poder analizar cuáles son los aspectos vinculados con el derecho y con la participación ciudadana. Un aspecto específico es el relacionado con el mercado y el consumo de la música, que aquí comienza a plantearse.

La decisión gubernamental de habilitar el debate sobre el proyecto de ley de radiodifusión puede dar por sentado que se trata de una cuestión que la ciudadanía conoce y de la que puede apropiarse fácilmente. No es así. El hecho de que el tema haya sido escatimado voluntariamente y durante mucho tiempo de la agenda pública, sumado a la complejidad que agrega la aceleración tecnológica del mundo info-comunicacional, ha convertido a la ciudadanía en poco menos que iletrada en la materia. De allí que sea necesario reinstalar cuestiones tales como si estamos hablando de una ley de radiodifusión en términos estrictos, o de una norma que contemple la complejidad actual de los servicios de comunicación, de los cuales la radiodifusión es apenas una parte. Y clarificar cómo se conecta todo esto con una perspectiva de derechos y de construcción de ciudadanía y cuáles son los efectos sobre la vida cotidiana. Paradójicamente, no hay información sobre la comunicación, sobre sus implicancias y consecuencias, sobre la importancia del fenómeno en el espacio público, en la toma de decisiones, en el poder. Gran parte de los actores que hoy se mueven en el escenario social y la mayoría de los ciudadanos tienen visiones sumamente fragmentadas, cuando no estereotipadas, de lo que la comunicación significa y su nivel de incidencia en los procesos de desarrollo integral. La pregunta, en consecuencia, es si estamos realmente en condiciones de debatir sobre la comunicación. O mejor dicho, si no es necesario un proceso de “alfabetización” ciudadana sobre la comunicación que ayude a comprender los alcances, las dimensiones y las implicancias de lo que se está planteando.

Lo anterior también para que podamos rescatar la comunicación desde una perspectiva que la entienda como un derecho humano fundamental y que todo no quede limitado al debate sobre la distribución del espectro radiotelevisivo o sobre el sistema de propiedad de los medios. No porque estos y otros aspectos no sean importantes en sí mismos, sino porque lo que se acuerde sobre la comunicación tiene que cimentarse en la complejidad económica, política, cultural y tecnológica que presenta el tema y abrirse, al mismo tiempo, a la participación de todos los actores posibles.

Ampliar el espacio de participación popular en la comunicación es también incluir dentro del diseño de una política de comunicación del Estado un adecuado incentivo a la producción artística y cultural de raíz nacional, multiplicar la fuentes y las redes de información temáticas y de raíz local, promover las radios y las televisoras comunitarias, formar y adiestrar en el uso de las tecnologías de comunicación, entre otros tantos temas que se podrían mencionar.

Sería importante tener en cuenta que los medios comunitarios y locales, por la cercanía con la problemática y la vida cotidiana de los ciudadanos, tienen la potencialidad de ser sustentos valederos de una red ciudadana, espacio de construcción política, ámbito de reafirmación de la identidad. El ejercicio comunicacional es una práctica ciudadana para la que es necesario capacitarse. Tarea esta a la que hay que dedicar esfuerzos y recursos, algo que sólo se puede impulsar y garantizar desde el Estado. La participación popular en la comunicación es parte de una decisión política de construir ciudadanía, y si se entiende de esta manera no debería estar al margen de una estrategia política de cualquier gobierno, actuando de manera coordinada con organizaciones sociales experimentadas en la materia. Todo esto sin dejar de contemplar las aristas, las complejidades y también los escollos que ello representa. Si no se llega a este punto, seguiremos discutiendo normas aisladas, que pueden ser buenas en sí mismas, pero que estarán muy lejos de aportar realmente a la construcción de una nueva ciudadanía y de garantizar el derecho a la comunicación.

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Universidad y ley - Por Tina Gardella *

El debate sobre una futura ley de radiodifusión debe contemplar efectivamente la representación de los actores sociales. En este marco la universidad también tiene responsabilidad en la construcción de actores políticos.

Si la esperada nueva ley de radiodifusión establecerá tres tipos de prestadores de radiodifusión –la gestión estatal (medios públicos), la gestión privada con fines de lucro (medios privados) y la gestión privada sin fines de lucro (ONG, organizaciones sociales, sindicatos, universidades)–, desde el ámbito académico de la comunicación tenemos una oportunidad para redefinir el compromiso entre universidad y sociedad en términos de lo político y no de la tan mentada “extensión universitaria”.

Los 21 puntos de la Coalición Cívica por la Democracia, los foros, debates, cabildos y radios abiertas que se han sucedido han aportado a la instalación de la incuestionable necesidad de una nueva ley. No sólo por su origen dictatorial y retrógrado o su desactualización tecnológica, sino también porque las formas organizativas y las prácticas sociales son otras y por lo tanto las necesidades políticas también.

Este momento significativo interpela a la universidad. La respuesta podrá tomar diversas formas y texturas, pero no podrá prescindir de la dimensión política manifestada en:

- Lo histórico: en América latina hay experiencias en comunicación en los años ’60 y ’70 con clara definición política. Nuestro propio país, con la conquista de la democracia en el ’83, fue escenario de trabajo intelectual, social y político para lograr una nueva ley de radiodifusión y una nueva producción de sentidos en el campo de la comunicación. Desde Tucumán, baste para reflejar el trabajo en esa época de Incupo (Instituto de Cultura Popular) y su producción de micros radiofónicos Juntos Podemos o los Encuentros de Biblia y Calefón que producía La Crujía y que fueran transmitidos por radios del interior. Históricamente se hizo posible la construcción de otra forma de comunicación.

- Lo social: el escenario de América latina revela experiencias, movimientos y dinámicas sociales que van creciendo. En la reciente Cumbre de los Pueblos celebrada en Tucumán se pudo apreciar el flujo de búsquedas de construcción de ciudadanía que están presentes en las experiencias de desarrollo local, en los intentos de incorporar la cultura con las prácticas políticas, en el tejido de organizaciones no gubernamentales que es consistente y complejo. Socialmente se presentan escenarios de construcción de ciudadanía más consolidados y de búsqueda de prácticas políticas renovadas.

- Lo político: entendido como un proceso altamente dinámico y complejo, lo político se rige según una lógica de cooperación o antagonismos entre voluntades colectivas e incorpora diversas concepciones culturales, expresiones organizativas, esquemas de alianzas y proyectos de acción. Es desde “lo político” desde donde se puede instalar en el espacio público, elementos cuestionadores de las significaciones naturalizadas y colectivamente asumidas como “verdades”. Políticamente se manifiestan expresiones de resistencia cultural, de construcción solidaria y de un proyecto histórico de cambio.

Desde estas dimensiones históricas, sociales y políticas, la universidad y nuestras prácticas académicas de comunicación deben trabajar con el sector que estará contemplado en la nueva ley de radiodifusión como “gestión privada sin fines de lucro”. No se trata de proyectos “alternativos” de carácter instrumental. Se trata de trabajar en la producción de sentidos como nuevos modos de conquistar espacio público y de crearlo. Ante nuevos escenarios de confrontación y pugnas por el sentido de los “significantes vacíos” como diría Laclau (por ej. democracia y justicia), lo político no puede ser menos que la capacidad colectiva de pensar un proyecto que se sostenga en el tiempo. La universidad y su capacidad de articuladora e interpeladora de la realidad tiene un desafío que va más allá de ser propulsora del pensamiento crítico: garantizar que cada actor social sea un actor político. Es decir, construir poder. Las prácticas comunicacionales académicas deben estar para la producción y circulación real de significados, de símbolos, que en lo posible lleguen a mucha gente y que le permita interactuar, sin quedar presos de la cotidianidad, en la construcción de sus sueños colectivos más profundos.

* Licenciada en Comunicación Social. Docente de la Universidad Nacional de Tucumán.

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Una brecha que se ensancha - Por Carlos Eduardo Cortés S.*

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación se produce hoy en un contexto de desigualdad y desequilibrios de las naciones y de los ciudadanos que, lejos de contribuir al derecho a la comunicación, profundiza la brecha. Por otra parte, por esa misma complejidad, la comunicación tiene que ser pensada hoy desde el encuentro y la diversidad sociocultural, desde el cambio y la transformación.

Desde San José de Costa Rica

La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) cumplió dos fases: la primera, en diciembre de 2003, ocurrió en Ginebra, Suiza; y la segunda, en noviembre de 2005, se llevó a cabo en Túnez. Una preocupación fundamental en la CMSI fue el desequilibrio mundial en el acceso de los ciudadanos de cada país a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), y a su uso para aprovechar las oportunidades de crecimiento y desarrollo que ofrecen.

Por tanto, la Cumbre fijó dos metas para ampliar el acceso a ellas:

- conectar todas las aldeas del mundo a más tardar en 2015;

- establecer, en el mismo plazo, la conexión a Internet entre escuelas, hospitales y bibliotecas de todo el planeta.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) había confiado en que la brecha digital se cerraría mediante políticas nacionales sobre TIC que incluyeran participación, competencia y regulación eficaz del sector privado. Y si bien dichas políticas han ayudado a reducirla en ciertas áreas, la llamada “brecha digital” persiste y se ensancha, en especial en los países menos avanzados.

Las tecnologías siempre han generado brechas basadas en evidentes ventajas para ciertos individuos, animales, plantas, generaciones o propósitos; y ello ha sido una constante histórica, sin importar si hablamos de nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la muerte (bélicas), o nuevas TIC.

El automóvil, por ejemplo, nació como una solución tecnológica de movilidad, pero hoy es un problema mayúsculo de ocupación de espacio público, atascamiento urbano, pérdida de tiempo y derroche de combustible fósil, entre otros inconvenientes.

La historia también demuestra que las personas y los países son más productivos cuando usan las tecnologías, en general, y las TIC propias de su tiempo, en particular: el acceso a las infraestructuras de las TIC nunca ha sido igualitario, pese a todos los esfuerzos de universalización de servicios de telecomunicaciones y ejercicio democrático de la libertad de expresión.

Y eso les otorga ventajas adicionales a algunos individuos y países con respecto a otros, pues el alto costo de la inversión en infraestructura tiende a generar una segregación tecnológica entre sectores sociales:

- Más de 1000 millones de personas viven hoy por debajo del umbral de la pobreza de 1 dólar al día.

- 2000 millones de seres humanos no disponen de corriente eléctrica, que por el momento es la condición básica del acceso masivo a las nuevas TIC.

- 1000 millones de personas, habitantes de unas 800.000 localidades en todo el mundo, aún carecen de toda clase de telecomunicaciones.

Los dispares ingresos económicos constituyen un poderoso factor de desigualdad en todo el planeta. Y las computadoras y las telecomunicaciones todavía resultan muy costosas para la ciudadanía media en los países del Sur.

Sin entrar aún a analizar las múltiples dimensiones de la brecha digital, he allí los límites básicos para la generalización de los beneficios de la llamada sociedad de la información.

Por ello, el tema requiere presencia en todos los ámbitos de discusión pública que involucren el derecho a la comunicación y la libertad de expresión como garantías de la participación ciudadana en los asuntos que a todas y todos nos interesan.

* Gerente de Radio Nederland Training Centre-América Latina.

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Sumar a todos los sectores - Por Silvana Giudici *

Según todas las informaciones lo indican, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días un proyecto de ley de radiodifusión. Se ha dicho y se ha escrito sobre el particular. Sin embargo, el debate apenas comienza.

La reforma de la Ley de Radiodifusión debe ser parte de un debate profundo y serio en el que los distintos sectores de la sociedad estén representados en una ley pluralista y de avanzada que se corresponda con el ingreso a la era digital. Este debate debe cubrir 25 años de proyectos de ley sin aprobación, pero sin caer en la provocación del actual gobierno, que la utiliza como ariete para amedrentar a algunos medios en una pelea que no le sirve a nadie. En una sociedad democrática y moderna, la función que desempeña la comunicación social es esencial para garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, valores que exigen nuevos marcos normativos que acompañen los cambios tecnológicos, jurídicos y sociales sobre el tema.

Los servicios de radiodifusión constituyen una de las garantías que tienen las comunidades para acceder a la información de una manera directa y gratuita. En ese contexto, una mayor cantidad de medios, correspondiendo a la mayor amplitud de emisión que permiten las nuevas tecnologías, además de contribuir al pluralismo de ideas, configura un instrumento para desterrar la discriminación y el aislamiento. El Estado deberá resguardar estos principios garantizando que el acceso a la propiedad de los medios no se regule por la capacidad económica de los titulares, o su afinidad con el gobierno de turno, sino por la idoneidad, la experiencia y la contribución a su zona de influencia.

Desde la oposición nos hemos expresado y en distintos ámbitos hemos sostenido la necesidad del debate con criterio constructivo. Aceptamos la iniciativa parlamentaria del Ejecutivo y esperamos el proyecto para poder aportar al debate, en un esquema de madurez política que, entre todos, nos permita elaborar la ley que se merecen esta generación de argentinos y las futuras.

El proyecto que el Ejecutivo se ha propuesto elaborar debe ser estudiado a fondo, con audiencias públicas donde puedan expresarse todos los protagonistas del sector, organizaciones periodísticas, agrupaciones gremiales relacionadas con el quehacer periodístico, organizaciones académicas y sectoriales. Nuestros proyectos, presentados hace ya dos años, son propuestas integrales sobre radiodifusión, un marco transparente para la distribución de la publicidad oficial, un marco regulatorio para el acceso a la información y un nuevo organismo de garantías para la defensa de la libertad de expresión.

La nueva ley de radiodifusión debe respetar los principios contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y en la Declaración de Chapultepec, fundamentalmente lo expresado en su punto Nº 1: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”. Junto a las leyes de Radiodifusión y la de Publicidad oficial también debe tratarse la de Acceso a la Información. Esta base normativa y la definición del rol de los medios públicos de comunicación es fundamental para una nueva política de medios en la Argentina.

En virtud de ello deseamos refutar algunos conceptos confusos que se vierten constantemente desde el oficialismo. a) Algunos funcionarios del Gobierno reivindican el clima de crispación que se vive entre el oficialismo y los medios, explican que la tensión responde a que esta administración como ninguna otra se “atrevió” a trabajar en la modificación de la Ley de Radiodifusión. Debemos recordar que en realidad los ataques a periodistas, editores, el anuncio de la creación de un observatorio para vigilar a los medios y las decenas de advertencias presidenciales hacia la prensa fueron anteriores al anuncio de la modificación de la ley. b) La otra frase hecha que el Gobierno repite es la referencia al origen de la 22.285, “la ley de la dictadura”. Debemos recordar que las peores aberraciones jurídicas sobre la radiodifusión, las que indujeron el ingreso de capitales extranjeros a los medios argentinos y facilitaron los esquemas de concentración, entre otras medidas, fueron las tomadas por otro gobierno justicialista, el de Carlos Menem. c) Otra falacia es sugerir que la oposición intenta demorar la discusión al plantear una agenda ampliada que incluya publicidad oficial y acceso a la información. Exigimos incorporar al debate el tema de mayor presión y/o corrupción en cuanto a la relación gobierno-medios, es decir, la distribución de la publicidad oficial, que además de ser cuestionada ya por organismos internacionales que monitorean la libertad de expresión, ahora es investigada por la Justicia argentina. La publicidad oficial es el instrumento legítimo que el Gobierno tiene para dar a conocer sus actos, de allí la importancia de regular su distribución con criterios de transparencia e igualdad en el acceso a la información.

* Diputada nacional (UCR Capital). Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión.

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Radiodifusión, servicio público - Por Daniela Monje *

Según todas las informaciones lo indican, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días un proyecto de ley de radiodifusión. Se ha dicho y se ha escrito sobre el particular. Sin embargo, el debate apenas comienza.

En la actualidad los medios de radiodifusión se nos han vuelto cotidianos, domésticos, imprescindibles. De modo que tenemos algo más que pistas para sostener la centralidad de la comunicación masiva en la conformación de las identidades contemporáneas, en la difusión de valores, creencias, estilos de vida. Con un promedio de expectación de algo más de cuatro horas diarias y un porcentaje de penetración superior al 90 por ciento, la televisión forma sin duda parte de nuestras vidas y otro tanto ocurre con la radio. El repertorio de experiencias que compartimos cotidianamente está altamente compuesto de símbolos que han viajado por el espectro, difundiéndose y llegando a millones, por no hablar de nuestros consumos crecientes de telefonía e informática.

De modo que no parece alocado preguntarse si este cambio que impacta en las relaciones humanas, crecientemente mediatizadas, no debiera ser revalorizado no sólo en términos de sus incumbencias en el plano de las subjetividades, sino necesariamente en la órbita de las políticas de Estado que habilitan o restringen el desarrollo de las comunicaciones audiovisuales y electrónicas en nuestras sociedades.

Mucho se ha escrito en los últimos meses acerca de las transformaciones que urgen en el plexo normativo que regula la radiodifusión en la actualidad: aquella ley vetusta, autoritaria y centralista, zurcida en base a prebendas en los ’90 y más tarde remendada con míseras concesiones al sector comunitario y al sector público debe ser sustituida de inmediato. Veinticinco años de democracia lo vuelven imperativo.

Con todo, las leyes no son suficientes para producir transformaciones culturales. Necesitan sostenerse en políticas públicas que se extiendan más allá de las gestiones gubernamentales. Y esto es así, entre otras cosas, porque estamos hablando de cómo se administra un bien social, un patrimonio común, un recurso limitado para que nadie se quede afuera. Si se tratase del agua, la energía eléctrica o el transporte, no sería difícil de explicar que todos tenemos derecho a un acceso justo y equitativo a ellos en tanto servicios públicos. Pero cuando hablamos de radiodifusión, los argumentos no están claramente delineados para el conjunto social, puesto que no existe una “conciencia colectiva” acerca de que el espectro radioeléctrico es de todos y debe ser utilizado conforme a criterios de equidad en el acceso, pluralismo de ideas y participación de los diferentes sectores.

No es “natural” que los medios sean explotados en pos de la obtención de lucro. Como tampoco lo es que el sector público tenga un desarrollo subsidiario y, menos aún, que el sector comunitario haya debido constituirse desde la ilegalidad hasta hace pocos años. El sistema de radiodifusión que se ha consolidado en nuestro país desde los orígenes de la radio y la TV fue en esa dirección, porque existieron leyes y políticas que así lo habilitaron.

En los casi 90 años de historia que tiene la radiodifusión en Argentina, no se han sabido imaginar a estos medios como servicios públicos. Hacerlo implica en primer lugar un acto creativo: no hay país en el mundo que haya mudado de la radiodifusión de interés público a la radiodifusión como servicio público; esto requiere de construcciones colectivas, debates, aprendizajes, discusión, para entender el porqué e imaginar el cómo. Son necesarios asimismo el consenso social respecto de la comunicación y la información como componentes sustantivos de nuestras sociedades y la voluntad política para gestar el cambio, puesto que sectores históricamente consolidados deberán resignar posiciones.

Existe sin duda una articulación medular entre la constitución de la subjetividad y los escenarios públicos desde los que se imagina una sociedad, las influencias son múltiples e intrincadas. Las mediaciones culturales que habilitan los medios de radiodifusión, en término de saberes, símbolos, historias, estilos, creencias, no deberían quedar exclusivamente en las manos invisibles del mercado, que naturalmente tenderá a la maximización de sus beneficios antes que al bienestar social. Tampoco se trata de crear corporaciones públicas de gestión de medios al estilo europeo. Es necesario, en todo caso, idear ecosistemas diversos y equilibrados donde el sector público no gubernamental, las organizaciones sociales, las empresas y los tres poderes del gobierno tengan lugares claramente diferenciados y escala para llegar al conjunto social. Hacia allí debería orientarse la discusión sobre la radiodifusión como servicio público.

* Docente e investigadora. Escuela de Ciencias de la Información, Universidad Nacional de Córdoba.

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¿Quién controla a los medios? - Por Roberto Follari *

¿Qué entendemos por “libertad de expresión” y por dónde pasa? Desde muchos sentidos el enunciado se presenta por lo menos como insuficiente para contemplar la complejidad del debate actual sobre la comunicación. Más allá del derecho, uno de los problemas reales es quién controla los medios. La nueva norma que surja de la discusión parlamentaria deberá tomar en cuenta todo lo anterior y tendrá que ser acompañada por leyes democráticas que garanticen el ejercicio efectivo del derecho a la comunicación.

La “nueva derecha” tiene mucho de derecha, pero nada de nuevo. Apela a nombres tristemente conocidos, como los de Reutemann, De la Sota o Barrionuevo, en el peronismo; fuera del mismo, es variopinta y confusa, como para mezclar a Macri, Carrió, De Angeli y Estenssoro, entre otros..., lo curioso es la forma en que la mayoría de los medios masivos promocionan y celebran a este conglomerado al que sólo lo une el oponerse al Gobierno, y que carece de cualquier norte que no sea la descalificación de las actuales autoridades.

Basta distanciarse del Gobierno para pasar –en un acto mágico de esos que sólo la televisión puede obrar– de la denostación al encendido elogio. Cobos –que no es antigobierno ni es de derecha– era cuidadosamente silenciado por los medios, hasta que tomó alguna distancia respecto de los Kirchner; ello bastó para catapultarlo a tapas de diarios y minutos de primeros planos de pantalla; en Mendoza, quienes lo han calumniado minuciosamente durante años en periódicos locales se han vuelto efímeros y oportunistas “admiradores” del vicepresidente. Los malos de ayer se vuelven grotescamente buenos en un solo acto; así, Schiaretti pasó de un dudoso proceso electoral a ser un “honesto defensor de su provincia”; Reutemann, de mostrarse incapaz frente a la inundación de Santa Fe y “borrarse” por no estar a la altura de la candidatura que le ofreciera Duhalde en el 2002, a ser considerado un gran operador de opciones en el Senado; De la Sota, del paso oscuro por la gobernación de su provincia, el “regalo” desastroso de Kammerath como intendente de la capital cordobesa, o el triste 5 por ciento que medía como precandidato presidencial, a ser una “expectable figura alternativa del justicialismo”. Y ahora, estamos ante el paroxismo: Barrionuevo el impresentable, aquel del “dejemos de robar por dos años” o “la plata no se hace trabajando”, se convierte en el adalid de una supuesta CGT alternativa, ciertamente irrepresentativa y frágil, pero destacada por esos medios tan volubles.

¿Qué hacer frente al comportamiento obsceno, grosero e incalificable que la mayoría de los medios masivos ha asumido frente al conflicto planteado por los patrones del campo? Los comportamientos diferenciales de algunos pocos medios sirven como contraste de la amplia gama hegemónica, donde hasta se ha pretendido imponer el nombre de “guerra gaucha” a la insurrección antiinstitucional de la pampa gringa.

Se requieren remedios claros y eficaces. En nombre de la libertad de expresión no pueden seguir imponiéndonos la esclavitud de recepción. El monopolio tergiversado de la palabra y la imagen públicas no puede seguir existiendo, es contrario a todo derecho.

Por ello, la nueva ley relativa a medios (que no sólo a “radiodifusión”, como se la suele llamar en relación con la lamentable norma vigente), deberá incluir –como bien se ha propuesto– una rotunda prohibición de sostener propiedad simultánea de medios gráficos y electrónicos, a la vez que debiera poner límites a la propiedad dentro de cada una de estas categorías, ya que tenemos monopolios internos a lo gráfico, y también a lo radial y televisivo.

Habrá que agregar la exigencia de federalización de los mensajes emitidos, en cuanto a su origen y producción. Y un punto decisivo: habrá que institucionalizar observatorios públicos –pero no estatales–, realizados con personas intachables de la sociedad civil, para que emitan dictámenes semanales sobre los medios, y que los mismos puedan leerse en un periódico financiado a nivel gubernamental, que sea de acceso gratuito a la población. Además de que tales dictámenes fueran de publicación estrictamente obligatoria para todos los medios de propiedad privada.

Que nadie pretenda que con ello se afecta la libertad de expresión. Cada medio podrá seguir emitiendo lo que quiera, sólo que habrá también quien pueda hablar sobre lo que ellos publican. Pretender impedir esta última posibilidad sí que sería coartar la libertad de expresión: es llamativo que en nombre de la misma se pretenda impedir que otros se expresen.

* Director Maestría en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional de Cuyo.

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Picture in picture - Por Lila Luchessi *

La actuación de los medios en torno del conflicto del “campo” no sólo ha permitido el análisis acerca de las posiciones y del comportamiento de medios y periodistas, sino que ha dejado al descubierto los límites de la propia información que recibe la ciudadanía. Y no siempre ha tenido en cuenta que no basta con la crítica a los medios, sino que hay que considerar las condiciones estructurales que los generan.

“El a las 15, ella a las 17.” Con móviles en los cortes más importantes, el hotel de la conferencia del PJ y la Casa de Gobierno, el zócalo enmarca la información. Tanto el Gobierno como el partido que lo llevó al poder fijarán posición con dos horas de diferencia. Los ojos puestos en la Cadena Nacional, de la que la Presidenta hará uso por cuarta vez desde su asunción, llenan la previa de supuestos, especulaciones y valoraciones apuradas. Con más adjetivos que datos, la información circula plagada de ejercicios de futurología sobre medidas, reacciones y espontaneidades.

Es que la gente no se organiza y en esa desorganización se sostiene el halo pristino de la antipolítica. Del otro lado, como si sólo fuesen posibles dos, la institucionalidad se manifiesta en lo espurio de lo planificado, del poder ejercido, de lo político. Claro está que las nuevas tecnologías permiten cadenas de mails, mensajes de texto y hasta llamadas crispadas a quienes no manifiestan sus conformidades ante tanta espontaneidad. Sin necesidad de agentes de prensa, los sectores pseudodespolitizados encuentran nuevos evangelizadores a los que los movileros denominan “protestantes”. Una nueva forma de militantes negados que invierten pulsos de telefonía en nombre de algo a lo que llaman campo. En la fantasía del “protestante”, el picture in picture recrea que todos somos iguales ante el big brother. Y, si se les permite, son más iguales que los que tienen el poder, pero una imagen más chica en las pantallas de la tele.

Esta idea da cuenta de modos de pensar y conocer en la sociedad actual. Esos que estipulan la simultaneidad instantánea de dos (y sólo dos) ideas contrapuestas en un patchwork pixelado. En los medios modernos, asociados a la actividad industrial, la vieja teoría de las dos campanas presuponía que un gong, a fuerza de vaivén, se silenciara para escuchar al otro. En los medios actuales, asociados a la lógica informacional, el picture in picture, presupone la coexistencia del griterío donde la batuta la tienen conductores y cronistas. En este contexto, los medios son el escenario donde se dan las pujas sociales y políticas. Articulados, entrelazados e hipervinculados, generan una red digresiva y superficial. La necesidad de instantaneidad conlleva reenvíos constantes hacia otros productores del sistema. Con ellos, el valor de la primicia se pierde para no correr los riesgos que estipulan los tiempos de la confirmación de los datos. Entonces, la información a la que la sociedad accede es de segunda, tercera y cuarta mano.

A pesar de esto, el 82 por ciento de los consumidores de información mediática plantea que su primera fuente informativa es la televisión. Tal vez seducidos por la imagen y por el vivo, les asignan a las noticias televisivas una credibilidad mayor. ¿En qué se sustenta esta idea? En el “ver para creer” y en la fantasía colectiva de volver acto el slogan de la CNN: acceder a “lo que está sucediendo”. Sin embargo, es también en la televisión donde se resume información de los diarios, las revistas y las páginas de Internet. El hipervínculo, que sólo es factible en los medios digitales, se corporiza en los más tradicionales a través del ritmo que imprimen las nuevas formas de producción informativa. Los medios digitales son los que marcan el tempo con el que se piensa, se comercia, se negocia y se produce dentro y fuera de ellos. También, la ilusión del borramiento fronterizo para hacer negocios, manejar economías y comunicarse, sin tiempo y sin distancia, con cualquiera y de cualquier forma.

Esta impronta se ve en la celeridad con la que circula la información, diversificada por muchos canales, pero unificada en cuanto a sus contenidos. La supuesta diversidad que permiten las nuevas tecnologías encuentra en los productos mediáticos más y más unicidad. Es en esta mirada unívoca donde la ciudadanía adquiere la información y los modos de comprenderla. Con un vínculo, a otro vínculo y a otro vínculo se configuran las miradas sobre la política y la sociedad, los actores que las componen y las pujas que se establecen. En un contexto con estos marcos comprensivos, la información requiere de una simplificación cada vez más grande de los temas que son complejos o la directa omisión de lo que se considera incomprensible. Tanto productores como consumidores naturalizan los borramientos (limítrofes, institucionales, regulatorios) que licuan la posibilidad de establecer reglas de juego. Abolidos todos los criterios de selección y jerarquización de la información sólo queda la espontaneidad: instantánea, despolitizada y sin más límites que la pantalla del televisor.

* Profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

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Paradojas televisivas - Por Beatriz Alem *

Prácticas políticas y comunicación surgen emparentadas en el escenario público. La política se representa en los medios, en particular en la televisión. Todo en nombre de “la gente”. Los procesos sociales y políticos transitan por las pantallas, mientras surgen contradicciones prácticas, discursos ambigüos e imprecisos.

Intensificar la dramatización del conflicto. Instalarse en el lugar de la crítica. Pregonar el consenso. Podríamos decir que estas tres acciones marcaron el ritmo televisivo durante los días del conflicto entre el agro y el Gobierno. Una paradoja que sintetiza el ideal que divulga el medio: “Estamos con la gente”. Una imagen que se construye a partir de ciertos datos creados por los sondeos de opinión. En medio de tantas idas y venidas cierto flashback nos devuelve “algunos rasgos” de la escenificación del espacio público que transitó por la pantalla chica en la década de los ’90. Aquella que, en tiempos de crisis de los modos tradicionales de representación, centralizaba los efectos que producía la política en los programas de debate y de entretenimiento.

Una vez más la TV instala el tema en el hogar, en las oficinas, en los ámbitos por los cuales circulamos los ciudadanos que retomamos y discutimos los sucesos cotidianos. Pero esta vuelta responde a otras lógicas, entre ellas a la visibilidad que adquirieron –y no exactamente a partir del conflicto retenciones sí, retenciones no, sino desde la impronta que originó la misma crisis de representación– las nuevas formas de organización de la sociedad civil: la protesta. Una visibilidad que no siempre describe el mismo escenario ni el mismo modo de nominar a los actores que participan de la ella. En algunos casos se tratará del dato necesario que todo automovilista deberá tener en cuenta –tal como se ha descripto en revistas político/culturales– a la hora de circular por la ciudad (nos referimos, por si no lo recuerda, a los piqueteros que cortan avenidas), por otro, a quienes cortan rutas y reclaman “genuinos derechos”: ciudadanos-trabajadores (argentinos que engrandecen la patria). Es en relación con la articulación de la grilla de competencias que otorga el rating de los grandes campeonatos (de fútbol, de baile, de patinaje, etc.) que los noticieros intensifican la dramatización del conflicto campo-Gobierno (nos referimos a la excesiva exposición de las transmisiones en directo, a la voz de aquellos que tienen mayores niveles de confrontación, a las amenazas y a los empujones entre los grupos, etc). Y cuando tanto desmadre es imposible de soportar, entonces se pasa a la segunda fase: pongamos cierto orden. Para ello se necesita la palabra autorizada y la pantalla es el emisor/imagen privilegiado que cumple un rol de comentarista y crítico de la escena política: juzga a unos (por malos) y elogia a otros (por buenos), define el lugar desde donde se realizan las transmisiones (la/s plaza/s, la/s ruta/s) y quiénes serán los comentaristas del momento que, en vivo y en directo, plantearán las discrepancias con los anuncios del gobierno (miramos la TV con De Angeli desde Gualeguaychú). Esta escenificación genera una situación que se instala en el plano de lo que es verosímil porque permite la construcción de personas que son creíbles y otras que no resultan tanto. Ahora bien, el espacio ganado por la TV es, también, el espacio perdido por la comunicación gubernamental que esperó (casi) la finalización del conflicto para explicar, entre otras cuestiones, el destino de la recaudación de las retenciones. Una actitud poco creíble, no sólo por el tiempo que tardó tal explicación, sino porque la posibilidad de generar los efectos que puede producir un discurso de gestión no acompañó los tiempos que, sí, ganó la televisión. Se agregan a esta situación otros datos que emanan de la esfera gubernamental, como los índices de inflación de la canasta familiar.

Pero tanto tire y afloje es imposible de soportar. Por lo tanto, aparece el tercer punto para sacarnos el disgusto: el diálogo, décontracté, bien sûr. Y, entonces, pasamos a las notas de color: si De Angeli se saca fotos y firma autógrafos, si tiene novia; atrás quedaron las bofetadas propinadas por D’Elía, las cacerolas de teflón, los piquetes de la abundancia y los piquetes del hambre. Detrás del telón quedó el componente que define a la acción política: el componente antagónico –que permite reconocer las diferencias entre proyectos en pugna–, porque en este vaivén de paradojas (que no ocurrieron de modo consecutivo, sino también, en algunas ocasiones, superpuestas) la televisación del conflicto está con la gente, que la TV define como posible de representar.

Pero algo diferente ocurrió con algunos medios gráficos –con la consabida estadística: la mayoría de la población hoy no lee los periódicos–, donde se desarrollaron discusiones desde distintos sectores intelectuales sin olvidarnos tampoco de algunos considerables blogs. Una suerte. Quizá porque la característica de estos medios no es pensar en la gente, sino en un lector/actor ávido de confrontación.

* Coordinadora de la Licenciatura en Comunicación. Universidad Nacional de General Sarmiento.

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Medios y fines - Por Diego Pérez *

El gobierno nacional decidió relanzar el debate sobre la ley de radiodifusión. El proyecto de ley será enviado al Congreso en las próximas semanas. Aquí se presentan dos opiniones complementarias que apuntan a cuestiones que deben tenerse en cuenta en la discusión sobre la nueva norma.

Los últimos acontecimientos políticos de la Argentina lo confirman una vez más: los medios de comunicación en esta etapa de la sociedad han quebrado definitivamente el sistema de representación en el que estaba asentada la acción política, tal cual la hemos conocido desde los clásicos hasta no hace mucho tiempo.

El poder político-institucional en este contexto se torna extremadamente volátil y efímero, sujeto a las mediciones del minuto a minuto, mientras que los medios masivos de comunicación –y en especial la televisión– adquieren un enorme peso simbólico y efectivo a la hora de construir los escenarios cotidianos basados en la firme práctica del mercadeo.

Para intentar contrarrestar, o supuestamente poner de su lado, a los medios privados, los gobiernos continúan pactando, haciendo concesiones o tratando de cooptarlos con jugosas pautas publicitarias. Esta política, dictada por la supuesta conveniencia, la connivencia o por el miedo, ha implicado siempre dejar de ejercer la potestad del Estado de abrir el espacio público al conjunto de la sociedad. Ya no sólo se trata de la libertad de formar empresas editoriales o de prensa, esto es una condición necesaria pero no suficiente para una democracia real. Se trata de no entregar la convivencia de la sociedad al mercado.

Los medios tienen sus propios parlamentos, sus propios discursos políticos, sus propios líderes de opinión y sus propias tribunas. ¿Está mal que así sea? De ninguna manera. Lo que es absolutamente inverosímil es que cualquier gobierno popular que aspira a representar el interés colectivo de manera democrática no construya en el Estado un sistema de medios públicos muy fuerte. ¿Qué tan fuerte? Tan fuerte como un Parlamento democrático y plural, tan fuerte como una Justicia independiente, tan fuerte como una economía sólida y distributiva. Pero ¡atención!, hoy ya no se puede construir un Parlamento sólido, una Justicia independiente y una economía social sin contar con las voces plurales de las mayorías (y minorías) no moduladas por los medios del mercado. Este debate, el del fortalecimiento de los medios públicos –juntamente con una nueva ley de radiodifusión– es el que se debe profundizar hoy en la Argentina y no –a mi juicio– un innecesario observatorio de medios, de opacas funciones.

Cualquier gobierno legítimo y popular, que aspire a gobernar a un país tan diverso, a una sociedad tan compleja como la Argentina, necesita construir un Estado democrático y eficaz. Esto implica una red de medios públicos altamente calificada, con los mejores profesionales y con una tecnología adecuada (el canal Encuentro es una excelente muestra de que esto es posible aunque en otra escala y tareas). Pero por sobre todas las cuestiones necesita un sistema de medios públicos que no esté al servicio de un gobierno en particular. Un sistema administrado por consenso entre sectores sociales, profesionales del periodismo, de la comunicación, de las artes, de las organizaciones no gubernamentales, las universidades, el Parlamento, etcétera.

Un sistema que capacite y promueva nuevas formas de comunicación, que salga a disputar la agenda con los demás actores privados en el escenario social.

No podríamos pensar un Estado democrático si los diputados y senadores fueran elegidos por ser representantes de empresas o grupos económicos o los jueces fueran electos por su éxito en los negocios. ¿Por qué debemos pensar que los directivos y dueños de los medios de comunicación privados deberían ser los garantes de una comunicación democrática y plural?¿No les estaremos pidiendo demasiado?

Un Estado ausente en esta materia significa –como ha pasado con la educación, los transportes, la energía, la salud en la década de los ’90– dejar en manos del “mercado” el escenario de la convivencia de un país, o lo que es lo mismo, un acta de defunción de la democracia social y una ayuda invalorable para los que pregonan una democracia a control remoto.

* Periodista. Maestrando UNLP/Unpsjb

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Más democracia - Por María Graciela Rodríguez* y Santiago Marino**

El debate sobre una futura ley de radiodifusión debe contemplar efectivamente la representación de los actores sociales. En este marco la universidad también tiene responsabilidad en la construcción de actores políticos.

Participamos de la reactivación de un debate tan necesario como ocultado por 25 años: la necesidad de sancionar una ley de radiodifusión democrática en democracia. Esa discusión se da en el marco de un conflicto político intenso que permitió observar el modelo hegemónico de producción de sentido (y por ende de consensos) sobre los acontecimientos. Este modelo, derivado de la concentración de la propiedad de medios, exige un análisis amplio sobre las dinámicas políticas, el marco normativo y también sobre el concepto de “representación”, elemento cultural y político clave.

La radio y la televisión utilizan el espectro radioeléctrico, un espacio finito y declarado patrimonio de la humanidad. Por pertenecer a todos los ciudadanos debe ser administrado por el Estado, cuya acción requiere garantizar el derecho a la información. En Argentina es regulado por el decreto-ley 22.285, sancionado en la dictadura más cruel de nuestra historia. Las reformas realizadas en el sistema democrático –por acciones del Estado y presiones del mercado– empeoraron las condiciones de acceso y participación (sobre todo ésta) de los ciudadanos a la comunicación. Porque la concentración de la propiedad de medios y la centralización de la producción/distribución de discursos afectan la democracia y la construcción de identidades nacionales, en la que acciona –entre otros– el concepto de representación.

En tal contexto, es necesario garantizar la construcción de distintas voces, para acercar lo más posible la brecha entre la representación política y la cultural, tándem que –en el contexto mediático nacional actual– aparenta ser una misma cosa y sin embargo está lejos de serlo.

Parece una idea simple: la representación, por definición, no puede abarcar a todos los sujetos. Acaso por eso mismo, la representación política es la base del funcionamiento democrático. La democracia opera constitutivamente a partir de disensos y consensos. Si éstos no existen habrá otra cosa, pero no democracia. La representación política, que por definición implica un desfase con aquello que dice representar, es entonces el lugar de apoyatura del debate público. Por su parte, la representación mediática es, en un sistema mercantilista, de otro carácter: la orientan intereses privados y comerciales. Los medios ponen en circulación bienes culturales portadores de significados y regidos por las lógicas del mercado; que son a la vez mercancía y vehículos de significación, que no sólo poseen un valor (económico) de cambio, sino que son condición y motor para el establecimiento de consensos. Por eso mismo presentan una arista sumamente delicada en la construcción democrática.

En esta trama se construye la ilusión de que la representación democrática y la representación mediática son equivalentes. Pero mientras que la superficie mediática da visibilidad a actores sociales diversos (seleccionados por criterios de noticiabilidad y de potencialidad de venta), la trama institucional democrática corre por otros andariveles.

Así, las representaciones que los principales multimedios (señales de noticias de TV por cable, Grupo Clarín, diario La Nación) realizaron del lockout agropecuario, superpuestas de modos complejos con las representaciones políticas, construyeron una ilusión que no es sólo causa, sino también parte constitutiva del problema.

Los medios no pueden darles voz a todos los actores sociales sin traicionar su propia lógica mercantil. Las instituciones democráticas no pueden desatender la voz de las mayorías sin traicionar su propia lógica republicana.

Existe una necesidad pública de avanzar hacia una regulación nueva y democrática. La sanción de un marco normativo democrático es condición necesaria pero no suficiente. La acción no se agota con la ley, son complementarias las gestiones de control y la militancia social. El nuevo marco normativo deberá garantizar las condiciones democráticas que definen claramente los “21 puntos por una radiodifusión democrática”. Pero además deberá permitir –en su espíritu y aplicación– la representación de todos los sectores. Sólo así podremos darle más democracia a la democracia.

* Magister en Sociología de la Cultura, docente UBA y Unsam.

** Magister en Comunicación y Cultura, docente UBA.

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Los medios son parte del conflicto - Por María Cristina Mata *

La actuación de los medios en torno del conflicto del “campo” no sólo ha permitido el análisis acerca de las posiciones y del comportamiento de medios y periodistas, sino que ha dejado al descubierto los límites de la propia información que recibe la ciudadanía. Y no siempre ha tenido en cuenta que no basta con la crítica a los medios, sino que hay que considerar las condiciones estructurales que los generan.

El título remite al papel que jugaron los medios masivos de comunicación en los últimos días. Esos mismos días durante los cuales un conjunto de entidades sectoriales y algunos productores agropecuarios autoconvocados decidieron interrumpir el flujo de las actividades económicas como estrategia de reclamo ante una medida que, a su criterio, afectaba sus intereses particulares. No niego que muchos medios contribuyeron para que la protesta agropecuaria adquiriese legitimidad en amplias capas de la sociedad mediante estrategias que parcelaron y distorsionaron la información; que exaltaron como legítimos ciudadanos y casi héroes a quienes ponían en riesgo la convivencia democrática y el desarrollo (no normal, porque ¡vaya si tiene anormalidades!) cotidiano de la economía nacional; que dieron pantalla y papel a líderes políticos que se regocijaban con un adelantado final de lo que caracterizan como un gobierno despótico (tal vez porque en épocas dictatoriales no sintieron que se cercenara ningún derecho). Sin negar todo eso y otras cosas más, tengo la impresión de que las críticas que recibieron los medios en esos días obviaron muchas veces –por su carácter denuncista– un dato estructural que requiere ratificarse.

Poco tiempo antes de que se realizaran las elecciones nacionales que consagraron a Néstor Kirchner como presidente de la Nación, un estudio que realizamos en la Universidad Nacional de Córdoba nos permitió comprobar que los integrantes de diversas organizaciones sociales tenían clara conciencia de que no hallarían, en esos medios, informaciones adecuadas (completas, fundadas, plurales, etc., etc.) que contribuyesen a esclarecerles y orientarlos en sus intenciones de voto. En otros estudios hemos constatado que tampoco la población –en su condición de público de los medios– cree que ellos puedan brindar, sino lo que el poder que representan escoge dar para reproducirse. Y en todos esos casos encontramos que públicos y ciudadanos están indefensos ante ese poder. En ocasiones cuesta reconocerlo y, aun reconociéndolo, consideran que nada puede hacerse. Lo máximo sería no mirarlos, no escucharlos, no leerlos. Esa no es solución. Porque no hacerlo significa quedar fuera de lo que sucede, del día a día que se comparte, de las ideas que circulan.

Y lo que sucede, en sociedades como las nuestras, lo que día a día se vive, lo que circula y se expande, es un conflicto que se expresa en las brutales desigualdades que existen y del cual los medios son parte. Además de representar a unos u otros sectores, los medios cuentan con el formidable poder simbólico de intervenir en la construcción de lo que sucede, a lo cual sólo tenemos acceso –me refiero a mayoritarias capas de la población– a través de estos mismos medios.

Vuelvo al dato estructural. No alcanza la crítica a lo que hacen los medios que son parte de los sectores concentrados de la economía y que no resignarán jamás una pequeña porción de su capital y sus beneficios en función de modelos inclusivos y justos de sociedad. Es necesaria una redistribución del poder comunicativo dentro de la sociedad. Es decir, leyes que resguarden y promuevan el derecho a contar con información variada y de calidad y que permitan la expresión de muchísimos sectores que no cuentan con los recursos, las licencias, las capacidades para hacer oír –no sus ruidosas cacerolas o sus arengas más o menos vociferantes– sino sus ideas y demandas acerca del país que quieren.

Lo que necesitamos es que el Estado resguarde los derechos que, constitucional y humanamente, tenemos todos los argentinos a comunicarnos públicamente. La población –se ha dicho en estos días con acierto– no puede ser rehén de un sector, atrapada en rutas o desabastecida. No es menos grave ser rehén de pools mediáticos, de cadenas informativas, de unos cuantos periodistas. El debate necesario, la sanción necesaria de una nueva ley que regule la radio y la televisión liberándonos de esos tutelajes no pueden demorarse. No solucionará ningún conflicto. Pero debe permitir que podamos debatirlos en un pie, al menos, de mayor igualdad con quienes han acaparado la palabra pública.

* Docente e investigadora de la comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.

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