Convocatoria 2012 a poetas y narradores

Convocatoria 2012 a poetas y narradores
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jueves, 11 de septiembre de 2008

Los dilemas progresistas - Por Pablo Castillo *

Prácticas políticas y comunicación surgen emparentadas en el escenario público. La política se representa en los medios, en particular en la televisión. Todo en nombre de “la gente”. Los procesos sociales y políticos transitan por las pantallas, mientras surgen contradicciones prácticas, discursos ambigüos e imprecisos.

En los últimos años, parece consolidarse una nueva percepción sobre los modos en que se configuran las prácticas políticas y sociales. Desde estas lecturas –a veces demasiado apresuradas en sacar conclusiones taxativas–, el papel de los medios de comunicación masivos adquiere una centralidad cada vez más decisiva. ¿Es posible sostener –como afirman algunos autores– que la configuración de un espacio público global es efecto de las actuales transformaciones tecnológicas que redefinen los modos de las prácticas sociales? ¿Alcanza con decir que determinadas prácticas o discursos son públicos en la medida en que se sostienen desde un estatuto de visibilidad que convoca “a la mirada del público”?

Es cierto que hay una visibilidad que pre-existe a la mirada mediática, pero, en todo caso, de lo que se trata es de distinguir en qué medida las nuevas representaciones sociales –aunque se posicionen renegando de la política– se inscriben en un escenario construido desde una lógica de estrategias que denotan siempre una práctica política. Ya hace más de diez años Derrida se preguntaba si “¿es seguro que corresponda a la palabra ‘comunicación’ un concepto único, unívoco, rigurosamente dominable y transmisible: comunicable?”.

A lo largo del siglo pasado, se han desarrollado distintas miradas sobre el lugar de la comunicación y en particular de los medios masivos en la configuración de aquello que llamamos realidad. Por otra parte, las miradas en el campo comunicacional fueron avanzando en otras direcciones, cada vez más alejadas de las posturas conspirativas influidas tanto por la Escuela de Frankfurt como por “el marxismo de manual”.

El desafío para poder pensar la tensa relación entre los medios, la apropiación de las nuevas tecnologías y la ecuación progresismo-procesos sociales supone posicionarse como señala Jesús Martín-Barbero: “En analizar la constitución de lo masivo por fuera del chantaje culturalista que los convierte inevitablemente en procesos de degradación cultural”. Pero, más allá de cierta especificidad, las dificultades de trabajar en un campo no totalmente institucionalizado hacen difíciles de explicar los procesos comunicativos por fuera de la teoría social. Muchas veces, cuando queremos pensar el modo en que opera el discurso de los medios sobre el campo de lo social, se omite el papel que las mediaciones culturales, tecnológicas, cognitivas, familiares, colectivas, etc., desarrollan permitiéndoles a los sujetos resignificar los mensajes.

Hoy es un hecho que los medios se han incorporado como una nueva herramienta de expresión, ya no sólo para los políticos “profesionales”, sino para sujetos y colectivos sociales, que acortaron las distancias –al menos simbólicamente– entre la pantalla y la platea. En algún momento, la escuela, la familia, las instituciones sociales, las fábricas, funcionaron como lugares privilegiados en donde no sólo se transmitían ciertos saberes y se legitimaban prácticas y supremacías, sino que se conformaban simultáneamente como ámbitos de disputa materiales y simbólicos en la construcción de procesos colectivos. Como diría Renato Ortiz: “El mundo contemporáneo pone precisamente en cuestión esas jerarquías y valores. Al expandirse el dominio mediático tiende cada vez más a subordinar las esferas culturales autónomas a la voraz lógica del mercado”.

Abordar esta problemática desde una mirada cultural progresista supone, entonces, encarar dos movimientos simultáneos: la superación de los resabios del modelo racionalista-tecnocrático que aún habita en muchos de sus discursos, así como también despojarse de cierta mirada ingenua que muchas veces prevalece en sus análisis sobre los modos de conformación de los procesos sociales.

* Psicólogo. Magister en Comunicación.

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Leyes necesarias - Por Analía Eliades *

¿Qué entendemos por “libertad de expresión” y por dónde pasa? Desde muchos sentidos el enunciado se presenta por lo menos como insuficiente para contemplar la complejidad del debate actual sobre la comunicación. Más allá del derecho, uno de los problemas reales es quién controla los medios. La nueva norma que surja de la discusión parlamentaria deberá tomar en cuenta todo lo anterior y tendrá que ser acompañada por leyes democráticas que garanticen el ejercicio efectivo del derecho a la comunicación.

En una entrevista realizada por Diego Martínez a Cecilia Medina Quiroga, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicada por PáginaI12 el pasado 1º de julio, la jueza afirmó que las cuestiones atinentes a la libertad de expresión constituyen la problemática que mayor preponderancia tiene en el sistema regional protectorio de los derechos humanos y que incluso son los casos que más llegan y por los que más se pide.

Sin duda, ese dato, no sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino también fundamentalmente desde el cualitativo, constituye un parámetro para analizar el carácter democrático de los Estados que integran el sistema.

En este marco es necesario tener presente la importancia de los precedentes y aportes tanto en el derecho internacional como en el nacional que sienta la Corte Interamericana. Así, en la Opinión Consultiva 5/85 dicho órgano judicial ha dado directrices muy precisas sobre la amplia interpretación y el alcance de la libertad de expresión como piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, indispensable para la formación de la opinión pública y condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada; afirmando incluso que “una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.

La sentencia pronunciada el pasado 2 de mayo por la Corte Interamericana en el caso Kimel vs. Argentina conlleva profundas implicancias para el derecho a la información. El caso del periodista Eduardo Kimel, como todos los que llegan a la instancia interamericana, tuvo un largo proceso en la Justicia argentina, que lo encontró responsable del delito de calumnias (definida como la falsa imputación de un delito que dé lugar a acción pública según el Art. 109 del Código Penal) y determinó una condena de un año de prisión y $ 20.000 de multa, por criticar en un libro la actuación del juez Guillermo Rivarola durante la investigación de la masacre de San Patricio, el asesinato de cinco religiosos palotinos ocurrido el 4 de julio de 1976. Absurda paradoja de un sistema judicial que sólo condenó a quien informó sobre un crimen aún impune.

La denuncia presentada el 6 de diciembre de 2000 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos posibilitó la admisibilidad de la petición de Kimel y el 19 de abril de 2007 se presentó la demanda contra la República Argentina.

Muchos son los puntos a analizar en la reciente sentencia que exige al Estado argentino que deje sin efecto la condena por calumnias que se le impusiera al periodista; que se lo indemnice por el daño material e inmaterial que sufriera; que se publique la sentencia en un medio de circulación nacional; que realice un acto público en el que el Estado reitere su reconocimiento de responsabilidad internacional y que realice reformas legislativas en la materia.

Enorme expectativa presenta en el campo de la comunicación la intimación al Estado argentino para que modifique la legislación en materia de calumnias e injurias con el fin de evitar nuevas violaciones a la libertad de expresión. Además, este pronunciamiento impacta en los procesos de calumnias e injurias que se encuentran en trámite.

La “obligada” reforma se presenta también en un contexto particular, en el que justamente se está promoviendo el debate público por una nueva ley de radiodifusión, que reemplace la norma de la última dictadura militar y cuyos contenidos autoritarios y violatorios de la libertad de expresión siguen vigentes.

En este sentido, el sociólogo francés Dominique Wolton, quien fuera miembro de las tres comisiones gubernamentales de reforma de medios audiovisuales públicos en su país, ha dicho: “No hay libertad de prensa sin ley. La ley protege a los débiles y los periodistas son un eslabón débil de una larga cadena. La desregulación es lo contrario a la libertad”.

Obligación internacional, nacional, social: la necesidad de leyes democráticas que garanticen el ejercicio efectivo del derecho a la información constituye uno de los desafíos vitales de esta joven democracia a punto de cumplir 25 años.

* Docente e investigadora. Facultad de Periodismo y Comunicación Social UNLP.

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La opinión pública - Por Nancy Sáez *

El gobierno nacional decidió relanzar el debate sobre la ley de radiodifusión. El proyecto de ley será enviado al Congreso en las próximas semanas. Aquí se presentan dos opiniones complementarias que apuntan a cuestiones que deben tenerse en cuenta en la discusión sobre la nueva norma.

El gobierno nacional insistirá en promover la reforma de la “controversial” Ley de Radiodifusión vigente desde la última dictadura. El disparador de esta iniciativa fue el tratamiento mediático que tuvo el lockout agrario. La cobertura del conflicto fue severamente cuestionada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que realizó una severa crítica al tratamiento informativo y repudió cualquier expresión discriminatoria basada en el color de la piel o la situación social. El Consejo Directivo emitió una declaración contra lo que consideró “un manejo cuestionable de la información” y que fue tildado de “obsecuente” con el oficialismo por algunos medios. Sin embargo, lo que se reclamaba era que el Observatorio de Medios tuviera más actividad, ya que durante las primeras manifestaciones y cacerolazos en Plaza Mayo, muchos periodistas describieron tendenciosamente el conflicto, con adjetivos claramente discriminatorios (por ejemplo, enfrentamientos entre “gente normal” y “piqueteros”). La Facultad puso en el centro de la escena la necesaria sanción de una “ley democrática de radiodifusión”, coincidiendo con la decisión presidencial de darle nuevo impulso al debate sobre la norma.

La política gubernamental sobre los medios de comunicación del matrimonio Kirchner ha tenido dos líneas de acción. La primera es la apertura de un frente de disputa con los medios por el establecimiento de la agenda. La segunda dar continuidad a una política comunicacional acorde con los monopolios mediáticos a efectos de adquirir cierta “indulgencia mediática” (Jorge Asís, en “Zoo digital”, “Débil 527, la mediocracia”) y “acompañamiento positivo” en las instancias “pre-electorales” de la candidatura de Cristina.

Durante su presidencia, Néstor Kirchner aprovechó su condición de mandatario para confrontar públicamente con los medios de comunicación. Esta línea ha tenido continuidad con Cristina Fernández. Desde el mismo entorno político de los “K”, un funcionario dijo recientemente que la estrategia de emitir en “cadena nacional” los discursos presidenciales respondió a la necesidad de contrarrestar la “división de pantalla” que realizaban los canales de noticias.

En el Gobierno hay una comprensión bastante acertada del dispositivo mediático, en virtud de que –como se sabe– no hay relato de los hechos sin subjetividad. Sin embargo, Néstor Kirchner tuvo en el 2004 la gran oportunidad de cambiar la Ley de Radiodifusión. No lo hizo, sino que su política regulatoria en relación con los medios de comunicación fue absolutamente favorable a las corporaciones mediáticas. En ese momento para “adquirir” una supuesta tranquilidad preelectoral y un cierto favoritismo plebiscitario que sólo los medios podían otorgarle, a través del Decreto 527, dio continuidad al Decreto-Ley 22.285, producto de la última dictadura militar.

La escena mediática hoy en Argentina no da cuenta de la historia verdadera. El Gobierno de pronto decide “romper” con los “socios mediáticos” a los que ha privilegiado hasta hace muy poco y los medios se sienten agredidos porque pasan a ser de “sujetos objetivos y denunciantes” a “objetos de análisis” como actores posicionados en el conflicto.

Carlos Menem permitió la conformación de los grupos multimedia que hegemonizan el panorama comunicacional actual y Néstor Kirchner le dio continuidad a esa concentración económica y mediática. Más allá de los gobiernos de turno, la relación medios-poder denota un entramado social-institucional hegemónico que no ha podido ser resuelto en términos democráticos. El debate empieza y de a poco se instala en la agenda de la academia y sectores ligados a los medios de comunicación. Lo cierto es que “si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia”. Si bien es claro que, como dice Maxwell Mc Combs en su libro Estableciendo la agenda, la calidad de atención a los medios informativos difiere considerablemente de un individuo a otro, también es cierto que “la gran mayoría de los ciudadanos conscientes de su deber cívico leen un periódico al día y ven el telediario nacional cada día también”. En el escenario público se dan muchas situaciones en las que los ciudadanos sienten la necesidad de orientación, por ello “cuanto mayor es la necesidad de orientación de los individuos en el ámbito de los asuntos públicos, más probable es que presten atención a la agenda de los medios de comunicación” (Weaver, Political sigues and voter need for orientation, pág. 112). De allí la necesidad del Gobierno de establecer y confrontar con los medios por la agenda mediática. Pero lo que resulta claro es que definir una política de comunicación excede ampliamente el hecho de sancionar una ley.

* Licenciada en Comunicación, Univ. Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

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