En la discusión suscitada por la cobertura mediática del conflicto del campo, pese a su orfandad de matices, habita una proeza: vencer el tabú por el cual el espacio público mediatizado evitaba obsesivamente debatir sobre sí mismo. Los medios, con licencia para hablar de todo y de todos, se autoabsolvían de toda crítica. Finalmente, los medios parecen salir de su placard.
Desde 1983, la agenda de la comunicación social sólo hallaba eco en los medios cuando denunciaba persecuciones o amenazas contra periodistas y (a regañadientes) actos de censura explícita. Desde hace cinco años esa agenda incorporó la crítica, que suscribe un importante sector del periodismo, sobre el uso discrecional de la publicidad estatal. La salida del placard de los medios posibilita ampliar esa estrecha agenda. La censura y las amenazas a periodistas deben ubicarse junto a otros cepos al derecho social a la expresión. Análogamente, la publicidad oficial no puede examinarse aislada del resto de los (cuantiosos) vínculos económicos vigentes entre el Estado y los medios.
Dos cuestiones aludidas en los medios colaboran a replantear el enfoque: ¿Es cierto que el Gobierno domina a los medios, induciéndolos a comportarse mansamente a través del manejo discrecional de la publicidad estatal? Y ¿en qué se diferencia la política K sobre pauta oficial de gestiones anteriores?
La cobertura mediática del conflicto del campo fue reveladora: las radios casi en cadena aplaudieron los piquetes del agro y las cacerolas del norte porteño (hubo excepciones: Víctor Hugo Morales o Ernesto Tenembaum). La TV en directo, vertiginosa, tuvo lapsus antológicos (“los piqueteros versus los ciudadanos”, segregó una cronista) y enfocó con esmero algunas esquinas porteñas, sin mostrar el resto de una ciudad que, mayoritariamente, eligió no protestar. La prensa escrita incluyó matices, aunque fue ostensible el patrocinio de algunos columnistas y editores a las medidas de acción directa del agro cuando desde hace una década propagan consignas de mano dura si la calle la ganan los desposeídos, como evidencia el notable documental “La crisis causó dos nuevas muertes”, sobre el rol de los medios en el asesinato de Kosteki y Santillán en 2002.
Por consiguiente, o la publicidad oficial no fue capaz de encuadrar a los medios con el Gobierno en su momento crítico, o la relación entre línea editorial y pauta oficial es mucho más difusa en los medios nacionales de lo que se cree.
¿Y el carácter original que se atribuye a los gobiernos K en el manejo discrecional de recursos estatales? La historia lo desmiente: desde que en 1801 con El Telégrafo Mercantil, y luego con las disposiciones sobre libertad de imprenta de 1811 a 1816, se validó el uso del Tesoro para ayudar a los diarios, los lazos del poder político con los medios son estrechos, cuando no orgánicos. Orgánicos como la sociedad del Estado con Clarín y La Nación en Papel Prensa, vigente desde 1976. En el siglo XIX el diario La Prensa decía ser excepcional porque sus periodistas no aceptaban favores ni empleos de políticos. Conclusión: la relación fue siempre discrecional. ¿Es ello correcto? No. ¿Debería sanearse e institucionalizarse? Sí. Pero ¿es algo novedoso? No lo es.
Además de sobrevalorar sus efectos en medios nacionales y de suprimir dos siglos de historia, hay denuncias sobre la publicidad oficial que omiten la incidencia de grandes anunciantes comerciales sobre los medios y silencian la arbitrariedad con la que sucesivos gobiernos asignaron y renovaron licencias de radio y TV beneficiando a un grupo de empresarios, dispusieron exenciones impositivas, auxiliaron a firmas nacionales al borde del quebranto, avalaron la concentración en pocas manos (a diferencia del criterio aplicado en los países centrales), consintieron condiciones laborales precarias y admitieron violaciones publicitarias. Todo lo cual merece sanearse e institucionalizarse junto con la pauta oficial, en nombre de la libertad social de expresión. El anunciado tratamiento de una nueva ley de radiodifusión y la salida del placard de los medios abren un escenario de escrutinio público sobre estos temas, para que la institucionalidad se realice a la luz del día.
* Doctor en Comunicación. Docente e investigador Universidad Nacional de Quilmes / Conicet.
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